Carlos Parodi y Sergio Mendoza, junto a otros funcionarios, cuando anunciaron la revocación de la licencia de Enjasa en 2013.
El decreto con el que Juan Manuel Urtubey revocó la licencia de Enjasa se publicó el 15 de agosto de 2013, pero el plan para sacarle el negocio a Casinos Austria había comenzado a mostrarse nueve meses antes. El 23 de noviembre de 2012, uno de los zares del juego de Argentina, el cordobés Miguel Angel Caruso, presentó al entonces presidente del Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja), Sergio Mendoza, una propuesta para quedarse con la explotación de los casinos electrónicos que más recaudan en la provincia.
En aquella nota Caruso ofreció pagar un canon superior al 20% si el Gobierno salteño quebraba el contrato de Enjasa. Lo que propuso el rey cordobés de los casinos electrónicos no fue otra cosa que «una expropiación ilegal», como la definió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el laudo que le costará a Salta 36 millones de dólares, o un monto incluso mayor en caso de que alguna de las partes apele el veredicto y el pago de la demanda se dilate, con la consecuente carga de intereses, costas, honorarios y muy probables diferencias.
El tribunal arbitral del Ciadi concluyó, en base a 700 fojas de fundamentaciones fácticas y jurídicas, que la quita de la licencia a Casinos Austria fue «abusiva y arbitraria».
El propio Urtubey, en entrevistas en las que intentó justificar la temeraria irresponsabilidad en que cayó su gobierno, admitió que él y los funcionarios que lo secundaron sabían que la medida podía acarrear consecuencias por la cláusula indemnizatoria de la concesión interrumpida y el acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones firmado por Argentina y Austria en agosto de 1992.
Urtubey, su jefe de Gabinete, Carlos Parodi, y el titular del Enreja no desconocían que la licencia exclusiva que tenía Enjasa por 30 años se había originado en una licitación pública internacional adjudicada a Casinos Austria en 1999. Ante ese escollo, la gestión urtubeycista no tuvo mejor idea que atribuir al grupo austríaco una serie de presuntas graves irregularidades ligadas al lavado de dinero, una acusación que nunca se probó pero que se invocó como principal argumento para quitarle la licencia.
Aquella decisión no se explica sin «un plan para echar a Casinos Austria de Salta» con Video Drome, firma de Caruso, cumpliendo un «papel preponderante». Las expresiones entrecomilladas resaltan en el extenso laudo del Ciadi.
En su intento por justificar el enchastre jurídico, Urtubey afirmó días atrás que con el retiro de la concesión a Enjasa la Provincia «ganó más de 100 millones de dólares» en el canon de los juegos. «En dos años pagaste la indemnización y después seguís ganando», dijo en una de las entrevistas que dio desde Buenos Aires. En otra nota fue más allá inclusive, y pronosticó que hasta 2028, año en el que expiraba la licencia revocada, «quedan siete años para seguir cobrando un promedio de 8 millones más por año».
Los registros oficiales del Enreja muestran una realidad muy distinta. Tras la renegociación contractual que el gobierno de Urtubey cerró con Casinos Austria el 7 de mayo de 2008, el canon fijo en dólares que se había acordado en 1999, durante el 1 a 1, y que quedó desvirtuado con la ley nacional que pesificó los contratos en dólares tras el derrumbe de la convertibilidad, fue reemplazado por un canon variable del 15% para los juegos de loterías y de 16% para los de casino.
A partir de aquel acuerdo cerrado con la intervención de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos (Uniren), el canon tributado por Casinos Austria aumentó gradualmente desde 2008 hasta ubicarse en los años previos a la quita de la licencia de Enjasa (2011 y 2012) en valores equivalentes a más 9 millones de dólares. En 2013 fueron casi US$8 millones.
Tras el retiro de la licencia de Enjasa, a partir de 2014 las recaudaciones por canon (que pasaron del 15 al 17% en los juegos de loterías y del 16 al 24% en los de casino) se mantuvieron en los siguientes cuatro años en valores equivalentes a entre 12 y 15 millones de dólares, pero en 2018 cayeron a los valores previos al retiro de la licencia de Enjasa y en 2019 retrocedieron a menos de US$ 8 millones. En 2020, por los cierres de la pandemia, el canon se hundió a US$ 3,4 millones y este año, hasta septiembre, rindió una cifra equivalente a US$ 5,2 millones (siempre en función del tipo de cambio oficial). Con las proyecciones, este año cerraría en US$ 7 millones.
Los registros oficiales hablan por sí solos y aportan aristas relevantes a la hora de responder por qué en agosto de 2013 el gobierno provincial decidió sacar del juego a Casinos Austria, apelando a dictámenes de insostenible valoración jurídica con las consecuencias ahora conocidas por todos.
Más allá los vaivenes que tienen la economía, la inflación y el dólar en Argentina, hay hechos concretos que no pueden dejarse de lado en un análisis del laudo del Ciadi. Ante todo, está claro que el fuerte recorte de la coparticipación recaerá en un gobierno que no es el que selló la expropiación ilegal.
Un dato que no es menor a la hora de evaluar el rendimiento del canon de los juegos: tras el retiro de la licencia de Enjasa, las salas de juego se duplicaron (pasaron de 15 a 29) y las máquinas tragamonedas se triplicaron en toda la provincia (aumentaron de 710 a más de 2.100). Caruso concentra más de la mitad de este negocio.
Otro dato: el gobierno de Urtubey entregó las licencias a las nuevas operadoras por contrataciones directas a diez años. En 2017, Tecno Acción, empresa de Cristóbal López, y otras operadoras pidieron extensiones contractuales por 10 años más. El Gobierno rechazó los pedidos, haciendo notar que hasta ese momento ni siquiera había transcurrido la mitad del tiempo de los contratos originales. Solo hubo una excepción: A Video Drome le concedió la extensión de su contrato hasta 2034, invocando la incorporación de una gran cantidad de fuentes de empleo. En los registros del Poder Judicial, contra todo lo que se expresó en esa privilegiada extensión contractual, Video Drome figura con 240 juicios laborales iniciados por trabajadores que fueron despedidos de las salas que explota en distintas localidades.
Todo indica, como resalta el laudo del Ciadi, que el retiro de la licencia de Enjasa, lejos de haber sido una medida improvisada, fue un acto planificado con muchos meses de antelación.
La propuesta que presentó Video Drome al Enreja en noviembre de 2012 prueba que el gobierno tenía mucho antes de que Mendoza y Parodi anunciaran la quita de la licencia de Enjasa al menos un reemplazante anotado para quedarse, sin licitación pública, con más de la mitad del negocio de los juegos de azar.
La disputa por esa suculenta caja se resolvió con los códigos de uno de los reyes del juego más poderosos y polémicos de la Argentina. Y otro, Cristobal López, quedó relegado a un segundo plano.
Fuente: El Tribuno
