La decisión la tomó la interventora del área, Susana Pontussi, quien argumentó que no colaboraban con el trabajo cotidiano. “Estamos cambiando la cara del municipio y poniendo orden para afuera, pero también tenemos que darlo para adentro”, expresó.
La noticia se supo ayer por la mañana, y sorprendió a los 43 empleados municipales de Espacios Públicos sumariados por distintos motivos, aunque la mayoría de ellos en base a situaciones relacionadas con los controles en la vía pública, y a los conflictos que se generaron a partir de la decisión del ejecutivo de “limpiar” la zona céntrica y el Parque San Martín de manteros y vendedores ambulantes.
A través de la Resolución 001 de la intervención, a cargo de Susana Pontussi, se determinó “la suspensión con goce de haberes de los agentes municipales, mientras dure la inspección de sumario”. Bajo el argumento de que habiendo iniciado el proceso de reasignación de trabajo de los sumariados, los mismos entorpecían esa labor y se negaban a recibir las notificaciones “y cooperar con las entrevistas laborales”.
El documento que les llegó a los 43 suspendidos, también resalta que “en forma reiterada”, generaban “amenazas y actos de protesta que han impedido el normal funcionamiento de la Subsecretaría, como la imposibilidad de usar computadoras o vehículos”.
Dos de los gremios más representativos de los municipales pusieron el grito en el cielo ante la notificación, asegurando que el municipio y la interventora no tienen pruebas suficientes para tomar dicha decisión: “les iniciaron sumarios cuando no hay pruebas, no hay denuncias”, dijo el referente de ADEMUS (Agremiación de Empleados Municipales de Salta), Ricardo Bacari.
A su vez, consideró que es un atropello hacia los derechos sindicales debido a que hay en la nómina de suspendidos, personal con tutela sindical, “no pueden hacerlo, la gente está angustiada y lo que tememos es una reacción, nosotros defenderemos nuestra fuente laboral”. Y agregó que en el listado figuran trabajadores que hace más de dos años están jubilados y hasta personas fallecidas.
En tanto que para el secretario Adjunto de SIMUSA (Sindicato Municipal de Salta), Luis Rodríguez, la resolución firmada por la interventora, si bien seguirán cobrando, tendrán una reducción de sus haberes de más de un 50% debido a que no recibirán ni los adicionales ni las horas extras. A la vez que resaltó que está en juego su fuente laboral porque los acusan directamente de lo sucedido en el parque San Martín. Y apuntó al secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Daniel Nallar “y todos sus compinches” de querer “destruir Espacios Públicos”.
Ya en abril, el funcionario municipal había denunciado que en cada área donde había un servicio “había una administración paralela corrupta”, por lo que se habían abierto una serie de sumarios, investigaciones y acciones legales para poner al descubierto lo que denominó “una estructura paralela corrupta inter área, con 20 o 30 pícaros haciendo tropelías, por fuera de los empleados que cada día trabajan con seriedad y cumplen sus obligaciones”.
La respuesta oficial
“Esto viene de larga data, porque la resolución que manda la Procuración, donde se inician los sumarios, indica el traslado preventivo de los 40 trabajadores, a lo que se sumaron tres de otras épocas”, contestó Susana Pontussi a este medio.
La interventora adujo que ella pidió avanzar con la resolución del Área “porque hasta acá todos los empleados permanecían en la oficina de la Alvarado” y se hacía muy difícil trabajar “y hacer trabajar en esta situación de confusión general”. “Cada vez que venía alguien se los encontraba a los empleados haciendo tiempo para cumplir sus horas, incluso hasta cumpliendo sus horas extras ahí en la oficina”, añadió.
Pero aclaró que la decisión es que puedan permanecer en sus hogares “con goce de haberes” y hasta que la Procuración defina su situación, “no hay nada inconstitucional, la gente no se queda sin su laburo, pero yo las tengo que separar del resto para que no toquen los papeles, ni los permisos y habilitaciones”. Y aunque reconoció que en este caso no podrán cobrar los adicionales, dijo que todos son personal que tiene más de 20 años de servicios por lo que en su básico cobran arriba de los $40.000.
De esta manera, prosiguió, “voy a lograr tener más tranquilidad para trabajar con los que quedan”, a quienes les podrá otorgar funciones. Esa dependencia, desde que se sumarió a los más de 40 empleados, se compone con un número que quedó de Espacios Públicos, más personal de otras áreas como Fiscalización, de Obras Públicas y Medio Ambiente, Defensa al Consumidor y Bromatología, “que son con los que salimos todos los días a la mañana y a la tarde a las calles a hacer los controles”.
Pontussi dijo que espera que la resolución de la Procuración se emita lo antes posible, aunque confesó que toda la etapa investigativa será complicada, “todavía hay computadoras que se llevaron de la oficina para analizarlas y que no las tenemos para funcionar”.
Con respecto a la denuncia que realizaron los referentes gremiales en cuanto a que son despidos encubiertos, afirmó que no hay manera de que eso suceda y preguntó “¿cuántos despidos hubo en la municipalidad en los últimos 5 o 10 años?”, e inmediatamente acotó que incluso hasta con causales se decidió no hacerlo “porque siempre se procede con los pasos correspondientes, como el llamado de atención, a cambiarlos de área, pero no a echarlos”.
“Si nosotros no hacemos funcionar el área y tenemos el control del espacio público, el primer perjudicado es el salteño”, sentenció la funcionaria, que subrayó que esta gestión “está buscando poner de una buena vez, orden”. “Nosotros desde la municipalidad estamos poniendo el foco en el orden para afuera, en la ciudad, y hoy ya se puede ver en las peatonales y otros sectores, pero también tenemos que avanzar en ponerlo puertas para adentro, porque los salteños merecemos una administración ordenada”, concluyó Pontussi. (Salta 12)
