La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, aceptó la competencia y dio por formalizada la imputación penal contra los Bejarano. Además, se prevé requerir también la causa en la que se investiga irregularidades en una visita de la víctima a un convicto en la cárcel de Orán.
Ayer al mediodía, en una audiencia celebrada en los tribunales federales, el fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, solicitó que la justicia de ese fuero asuma la investigación por el crimen de Darío Esteban Monges, hallado muerto de 5 balazos el 3 de septiembre pasado, en inmediaciones del barrio El Círculo. Para ello, expuso una serie de argumentos, tanto jurídicos como fácticos que ameritan la intervención de esa unidad especializada.
Entre ellos, dijo que, efectivamente, las investigaciones iniciadas por la justicia provincial en torno al asesinato, en algún punto, se unen con otras pesquisas que se llevan adelante desde la PROCUNAR NOA. Señaló que la hipótesis criminal vinculada a actividades del narcotráfico, establecida por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y compartida por la jueza de Garantías N°6, Sandra Espeche, aparece acertada en esta etapa del proceso. «Es imposible investigar este caso sin tener presente el accionar de determinadas organizaciones narco criminales», afirmó. «Si bien, no se puede descartar ninguna hipótesis, la del narcotráfico surge como la más probable», agregó y señaló que, para una investigación más eficaz, será importante contar también con las actuaciones iniciadas por ciertas irregularidades que se habrían cometido a raíz de la visita de Monges a un recluso en la unidad carcelaria de Orán, del Servicio Penitenciario provincial.
Recordó que, prácticamente desde un inicio, se trabajó de manera conjunta con la fiscalía provincial, decisión adoptada en el marco del principio de cooperación contemplado y promovido por el Código Procesal Penal Federal.
Respaldó este argumento no sólo en jurisprudencia reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también en otro antecedente local, resuelto por la misma jueza. Se trata de la resolución de aceptación de competencia dictada por Giménez, a instancia del mismo fiscal Villalba, en el marco de la muerte de Rosana López, cuyo cadáver fue hallado en la ruta 26, el 21 de junio pasado en la zona este de la ciudad, siendo la causa del deceso el estallido de cápsulas de cocaína que transportaba dentro de su cuerpo.
Al resolver, la jueza compartió los argumentos del fiscal general y aceptó la competencia de la justicia federal para entender en el esclarecimiento de la muerte de Monges, hecho que también consideró de extrema gravedad y, a prima facie, con un fuerte vínculo con el narcotráfico.
En ese sentido, la magistrada, entre otros fundamentos, sostuvo que «declinar la competencia significaría renunciar a la responsabilidad internacional que el Estado Argentino asumió de investigar el narcotráfico y el crimen organizado».
Imputación penal
Resuelta la competencia, la jueza identificó a los tres acusados detenidos por este hecho, Roberto Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago. En seguida, la fiscalía procedió a formalizar la imputación penal provisoria, instancia en que se refirió a los entretelones del caso y a las pruebas reunidas. Acompañado por el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, Villalba repasó los últimos movimientos de Monges, actividad de la cual destacó su constante visita al taller de motos de los Bejarano, en inmediaciones de la avenida Constitución Nacional y Vicente López en el barrio Vicente Solá. Sostuvo que, desde un inicio, la investigación partió de la base en la cual la víctima y los acusados compartían actividades en la tenencia y comercialización de estupefacientes, negocio del cual -según algunos mensajes que se pudieron obtener- surgieron ciertas diferencias, lo que aparece evidenciado de manera directa respecto a un «faltante» de marihuana, en un cargamento que, al parecer, provino del norte de la provincia.
Fuente: Nuevo Diario
