El Concejo Deliberante citó a la jefa de gabinete Agustina Galló Puló y a Valeria Capisano, secretaria de Prensa y Comunicación para dar explicaciones sobre el llamativo pago a tres empresas que estarían a nombre de una misma persona, pero no asistieron argumentando que tenían compromisos previos. La invitación debió ser reiterada, no obstante, anticiparon que, de no concretarse esta vez, el asunto tomaría las vías judiciales correspondientes.
En entrevista para el programa Convicciones Políticas, conducido por Roberto Chuchuy en FM La Cigarra, 96.7MHz, la concejala Paula Benavides, se refirió al pedido de informe que se solicitó a la Municipalidad de Salta, ante la contratación de tres consultoras, por un monto total de 74 millones de pesos de los fondos públicos. Todas estarían vinculadas a una sola persona, Gustavo Buchbinder. Las empresas son Escenarios S.A., Webar Solutions y Malabia. “No hay información sobre esto en ningún lado y los pagos ya fueron realizados desde septiembre, al mes de marzo”, señaló la edil.
Ante la inasistencia de las funcionarias, desde el Concejo Deliberante, se decidió agendar nuevo día y hora para la reunión, quedando así agendado el encuentro para el próximo jueves 30 de marzo, a las 12 horas del mediodía, a los fines de lograr las explicaciones correspondientes.
“Considero que el Concejo está teniendo una condescendencia con las funcionarias. El pedido vence el 4 de abril, pero esto no las exime de presentar los informes escritos y en forma digital. La ausencia del día lunes nos genera sospechas. Desde el ejecutivo municipal no vinieron a dar respuestas, ni se pronunciaron en ningún medio de prensa, para explicar qué pasó con estas distintas empresas y cuál es el servicio y el beneficio que traería a la ciudad. Hay sospechas de que estas empresas están vinculadas a campañas de Fake News. El tiempo electoral por el que estamos atravesando hace a la necesidad de que el cuerpo legislativo pida la información pertinente”, señaló Benavides.
La concejala aseguró que la paciencia de los miembros del órgano de control está llegando a su límite y sostuvo que de no llegar a concretarse la reunión con las funcionarias, se pasará el tema a instancias judiciales.
“No vamos a dudar en judicializar esta falta de información, esta falta de acceso a la información pública que debería tener, no solamente el Concejo Deliberante, sino toda la ciudadanía. La sociedad ya está muy molesta porque son fondos públicos que aportan los contribuyentes y se destinan a cuestiones que no son prioritarias”, advirtió.
Benavides afirmó que la inversión en otras áreas transversales a la ciudadanía, como la prevención vial y la prevención de la violencia de género, es escasa o nula, y que el pago a este tipo de consultoras, solo sirve para “engrosa una gestión de gobierno que no existe”, señaló.
