Las telecomunicaciones fueron declaradas como servicio público mediante decreto de necesidad y urgencia, sin embargo, el juzgado anuló dicha disposición y a partir de ahora pasan a ser susceptibles de los aumentos de precios en la Argentina, a días de la asunción del nuevo gobierno de ultraderecha en la Argentina. ¿Espaldarazo del poder judicial a Milei?
El servicio que fue respaldado como política de estado, tenía por objetivo que todos los argentinos pudieran acceder a servicios de telefonía fija y móvil, de internet, de comunicación audiovisual y postales con la máxima calidad, diversidad, competencia y pluralidad.
La jueza Cecilia De Negre, dispuso la nulidad del decreto 690/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández y de las resoluciones emitidas al respecto por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) 1466-20 y 1467-2020, en medio de la pandemia de coronavirus en las que se declaró a las telecomunicaciones como un servicio público esencial. Argumentó que la medida debería haberse dictado a través de una «ley formal», en lugar de un DNU. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La causa fue iniciada por la empresa Telecom.
Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la «nulidad» del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que declaró servicio público a las telecomunicaciones y concluyó que debería haberse dictado una «ley formal», al hacer lugar a una demanda de la empresa Telecom.
«Disponer que una actividad económica se declare como servicio público, también requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso, quedando vedado al Poder Ejecutivo la utilización de un DNU a ese fin», sostuvo la jueza Cecilia De Negre, en el fallo.
