En respuesta a las fuertes protestas y manifestaciones protagonizadas por trabajadores del arte y la cultura, el Gobierno da marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT). La rectificación se materializó a través de la presentación de una versión reformada del proyecto de «Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» ante el Congreso.
La iniciativa, que había generado controversias, fue revisada luego de las argumentaciones presentadas por destacados referentes de la cultura durante el plenario de comisiones de Diputados. La «nueva versión» de la Ley Bases, según los fundamentos expuestos, ha sabido recoger los puntos clave de la discusión, no solo en términos cuantitativos (pasando de 664 a 523 artículos), sino también cualitativos.
El texto reformado mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario y fortalecimiento de la educación y la cultura. En el ámbito cultural, se destaca la preservación del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, con modificaciones orientadas a proteger los recursos del sector y evitar cargas administrativas excesivas.
Entre las reformas propuestas, el FNA se propone que funcione con directores ad-honorem y un límite de gastos del 20% de sus ingresos. Además, se plantea la reformulación de la categorización de filmes nacionales, así como restricciones financieras para el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
El documento enfatiza la importancia de exponer y corregir privilegios, moviendo el marco normativo hacia adelante para adaptarse a las necesidades actuales. En el caso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se incorporan medidas específicas para promover el cine nacional y mantener los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.
En busca de una gestión más eficiente, se establecen restricciones de gastos para el INAMU y la CONABIP, limitando los egresos al 20% de sus ingresos. Sin embargo, estas medidas buscan garantizar una utilización eficaz de los recursos disponibles y evitar excesos administrativos, priorizando el respaldo directo a la música y las bibliotecas populares.
Respecto al Instituto Nacional del Teatro, el proyecto propone la absorción de sus funciones por la Secretaría de Cultura, con un enfoque en la eficiencia administrativa. No obstante, esta decisión plantea desafíos adicionales al someter al Instituto a posibles vaivenes políticos, generando incertidumbre sobre su funcionamiento futuro.
