En un encuentro con senadores, directivos del Ente Regulador de los Servicios Públicos detallaron sobre la actual prestación de los servicios de energía eléctrica y agua; los criterios de actualización tarifaria y para la asignación de subsidios. Legisladores efectuaron aportes para su incorporación al proyecto de Ley de Emergencia de los Servicios Públicos que presentará el Poder Ejecutivo.
Distintos aspectos relacionados a la prestación de los servicios de agua y energía eléctrica en el territorio provincial abordaron senadores con directivos del Ente Regulador de los Servicios Públicos en un encuentro llevado a cabo en la Legislatura.
La actividad fue encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y contó con la participación de los senadores, Jorge Soto, Juan Cruz Curá, Carlos López, Manuel Pailler, Miguel Calabró, Leonor Minetti, Enrique Cornejo, Gonzalo Caro Dávalos, Luis Altamirano, Alejandra Navarro, Diego Cari, Sergio Saldaño, Leopoldo Salva, Esteban D’Andrea, Javier Mónico, Walter Cruz, Dani Nolasco, Walter Wayar y Sonia Magno. Por el ENRESP asistieron su presidente, Carlos Saravia, el vicepresidente, Jerónimo López Fleming; el Gerente de Usuarios, Pedro de los Ríos y el director, Mariano San Millán.
Sobre la composición de la tarifa del servicio eléctrico, Saravia aclaró que el Ente solo regula el 36% del total, correspondiente a la distribución; integrándose un 39% con costos de generación y transporte, cuyos precios fija el estado nacional y el 25% restante de impuestos, que también impactan en las arcas nacionales.
Volviendo al 36% sobre el que tiene injerencia la provincia, dijo que la actualización tarifaria otorgada a la distribuidora EDESA fue del 101,8%, de los cuales un 78% impactó en la factura de febrero y restan dos tramos de 11,84% que se aplicarán en las boletas de marzo y abril. “Dispusimos que EDESA discrimine en la factura los costos de abastecimiento, transporte, distribución y carga impositiva para que la gente conozca como se integran los valores” dijo Saravia.
Sobre el componente nacional en el precio dijo que en febrero la Secretaría de Energía de la Nación dispuso el aumento de la tarifa del transporte de energía eléctrica, incrementando la facturación promedio de EDESA un 6,43%. También aprobó los nuevos precios estacionales de la energía eléctrica con una suba promedio de 141% que se traduce en aproximadamente un 65% del total de la factura. En el caso de la potencia contratada el aumento representó un 3.253%.
Estas decisiones, sumadas a la actualización del costo de la distribución a cargo de EDESA S.A. explican una suba total promedio en la facturación del servicio de energía eléctrica en Salta del 165% en febrero, para los usuarios residenciales categorizados como N1 y en los Generales de más del 220%.
Saravia dijo que, sobre un total de 346.418 usuarios residenciales, 87.604 figuran en la categoría N1 de ingresos altos; 211.987 en la N2 de menores ingresos y 46.267 en la N3 de ingresos medios.
De esa segmentación, en lo que corresponde a N2 tienen el beneficio de tarifa social 69.404 jubilados y pensionados; 11.222 subsidios por indigencia; 9.896 barrios RENABAP; 17.493 trabajadores en relación de dependencia con bajos ingresos 26.940 usuarios con ingresos informales; más la tarifa diferencial para zonas cálidas, que establece una reducción del 30% en los costos para 100.209 usuarios de los departamentos San Martín, Orán, Anta, Güemes, Rivadavia y los municipios de El Galpón, La Candelaria y El Potrero.
Agua
Respecto al Servicio de Agua Potable y Saneamiento dijo que en 2023 el salvataje económico de la Provincia hacia COSAYSA fue de un 65%, considerando que el costo real ascendió a 21.500 millones de pesos y que la recaudación de la empresa mediante la tarifa alcanzó solo 7.500 millones.
Para este año se prevé recomponer la relación tarifa-costo reduciendo el auxilio financiero provincial a un 38%. Se proyecta una inflación anual para este año del 230% que eleva el costo del servicio a cargo de COSAYSA a $96.300 millones de pesos, y que con actualizaciones de facturación se logren solventar costos por $60.000 millones.
En ese marco se dispusieron actualizaciones del 80% para febrero y 40% para marzo, mientras que se preserva el régimen de Tarifa Social, con las mismas condiciones que rigen para el servicio de energía eléctrica, con una disminución del incremento del 50%, lo que implica que para más de 91.000 familias de menores recursos los aumentos fueron de 40% en febrero y 20% en marzo.
Ley de Emergencia
Los directivos del ENRESP tomaron nota del aporte de los senadores al borrador del proyecto de Ley de Emergencia en los Servicios Públicos que prepara el Poder Ejecutivo y precisaron el alcance de la medida para poder renegociar contratos y concesiones, poder asignar partidas para la ejecución de obras y tomar toda tipo de medida conducente a sostener los servicios ante un esquema de severos recortes de fondos nacionales.
En ese marco, Saravia puso como ejemplo la situación de 11.000 usuarios del Programa PERMER, de Energías Renovables para Mercados Rurales, que carecen de fondos nacionales para el financiamiento de obras para abastecer de energía limpia a escuelas, mini redes para comunidades rurales, centros de atención primaria de la salud o para la reposición de baterías.
Así también advirtió sobre la paralización por parte de Nación de otras obras de mayor dimensión, que son indispensables para mejorar el servicio en capital e interior provincial, como el caso de la línea de alta tensión San Agustín Campo Quijano.
