Victoria Villarruel convocó a un acto en el Senado para defender a las Fuerzas Armadas y su accionar durante la última dictadura militar. Mientras omite los crímenes atroces del régimen, su discurso busca reabrir heridas cerradas por la justicia y la memoria colectiva.
En medio de una profunda crisis en el oficialismo por la reciente visita de legisladores a genocidas en el penal de Ezeiza, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, utilizó la cámara alta como plataforma para un acto negacionista en defensa del accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Con un tono desafiante, Villarruel reiteró su intención de buscar la «verdad completa», una expresión que se ha convertido en eufemismo para justificar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
En su discurso, Villarruel afirmó que la reapertura de causas de «víctimas del terrorismo» es «la lucha más importante de mi vida». Sin embargo, su retórica omite convenientemente mencionar a los 30.000 desaparecidos, las violaciones de mujeres y el robo sistemático de bebés, crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas en el marco del terrorismo de Estado. El acto fue una maniobra para mezclar hechos y diluir la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
El evento contó con la presencia de legisladores de La Libertad Avanza, quienes recientemente visitaron a detenidos por crímenes de lesa humanidad en Ezeiza, una situación que generó un fuerte repudio social y político. Incluso Javier Milei, líder de dicho espacio, se vio obligado a desmarcarse, afirmando que la liberación de genocidas no forma parte de su agenda política.
Claudia Rucci, designada por Villarruel como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, utilizó su historia personal para presentar a su padre como una víctima del terrorismo montonero, obviando el contexto más amplio de la violencia estatal que caracterizó a la dictadura.
Villarruel cerró el acto reafirmando su compromiso con la «memoria completa» y aseguró que “reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que la Justicia haga lo que debió hacer hace más de 20 años”. Sin embargo, expertos señalan que es improbable que estas iniciativas prosperen, ya que se refieren a crímenes que han prescripto, a diferencia de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, que son imprescriptibles y siguen siendo juzgados.
La vicepresidenta del Senado se erige como una defensora de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica que asoló Argentina tras el golpe de 1976. Durante ese periodo, las Fuerzas Armadas establecieron más de 800 centros clandestinos de detención, donde miles de personas fueron torturadas, mujeres violadas y más de 600 bebés apropiados de sus madres detenidas-desaparecidas.
En su arenga, Villarruel cargó contra el kirchnerismo por la reapertura de las causas contra los militares, aunque la realidad es que esa lucha fue impulsada por décadas de movilización popular. Desde las Madres de Plaza de Mayo hasta las nuevas generaciones, la demanda de juicio y castigo a los responsables del genocidio ha sido una constante en la historia reciente de Argentina.
Las leyes de impunidad promulgadas durante los primeros años de la democracia fueron anuladas por la persistencia y la fuerza de las mayorías populares, quienes, junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sobrevivientes y familiares, han luchado incansablemente por justicia. En contraste, la ofensiva negacionista de Villarruel y la derecha pretende borrar esa memoria, una amenaza que requiere de la más amplia movilización social para ser enfrentada.
