El asesinato del secretario general de la CGT, José Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973, sigue siendo un tema de debate en la política argentina. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, pasó de promover el enjuiciamiento de los responsables a afirmar que el país «merece no ser un nido de impunidad». Este caso es uno de los cuatro que marcan su agenda política. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respondió con una crítica directa.
Una causa judicial estancada
Lo que sigue es un resumen del estado de la causa en los tribunales. El atentado contra Rucci fue conocido como «Traviata», en alusión a la famosa galletita publicitada por tener 23 agujeritos. Sin embargo, ninguna organización asumió la responsabilidad del hecho. La causa judicial no avanzó en la identificación de los autores, ni durante el gobierno peronista ni bajo la dictadura. Entre 1973 y 2008, el expediente pasó de juzgado en juzgado sin obtener resultados.
Los hijos de Rucci, Aníbal y Claudia, atribuyeron el crimen a la Triple A, liderada por el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega. En 1998, el ministro Carlos Corach ordenó pagarles una indemnización de 224.000 dólares, decisión ejecutada por el presidente Carlos Menem en 1999.
La reapertura del caso en 2008
En 2008, Claudia Rucci denunció a la «cúpula montonera», solicitando la reapertura de la causa y la citación del periodista Ceferino Reato, quien sostuvo que los ejecutores fueron Juan Julio Roqué, Marcelo Kurlat y Héctor Arrue, todos asesinados por las Fuerzas Armadas. Hugo Moyano, entonces secretario general de la CGT, apoyó la moción, mientras que el fiscal Patricio Evers dictaminó a favor de la reapertura. El juez Ariel Lijo, a cargo del expediente, accedió a reabrir la causa.
En septiembre de 2011, Claudia Rucci formalizó su denuncia contra Montoneros y pidió que se citara a declarar a Mario Firmenich y al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Su hermano Aníbal criticó el movimiento, alegando que Claudia estaba utilizando la causa con fines electorales, ya que era candidata a vicegobernadora en la fórmula de Eduardo Amadeo, acompañando a Eduardo Duhalde como candidato presidencial. La fórmula solo obtuvo el 5,9% de los votos en la provincia de Buenos Aires.
El fallo de 2012
El 10 de agosto de 2012, el juez Lijo determinó que el crimen fue cometido por Montoneros, pero que estaba prescripto al no tratarse de un delito de lesa humanidad, lo que lo excluía de la cláusula de imprescriptibilidad. Lijo también señaló las contradicciones entre las investigaciones periodísticas de Eugenio Méndez y Ceferino Reato. Claudia Rucci apeló, argumentando que el Estado había colaborado en el crimen. En diciembre de ese mismo año, la Sala II de la Cámara Federal revocó el archivo por prematuro y ordenó profundizar la investigación.
La postura de Villarruel y las tensiones políticas
Tras varios años, Lijo desestimó esta línea de investigación, calificándola de «no novedosa» y «carente de sustento». Cuando el gobierno de los hermanos Milei propuso a Lijo para integrar la Corte Suprema, Villarruel se opuso, argumentando que «dejó en el limbo» la causa Rucci.
El senador Francisco Paoltroni también se opuso a la designación de Lijo, alegando que favoreció a su adversario político en Formosa, Gildo Insfrán. La rivalidad entre Paoltroni e Insfrán se agudizó cuando Villarruel propuso al primero para liderar la bancada libertaria, pero Insfrán logró bloquear el nombramiento. Finalmente, el gobierno decidió expulsar al senador díscolo.
El cierre del caso
El 22 de septiembre de 2022, el fiscal federal Franco Picardi dictaminó que, al no haberse comprobado la participación de agencias estatales o paraestatales, el crimen no podía considerarse de lesa humanidad, por lo que la causa prescribió. Hasta el momento, Lijo no ha emitido una respuesta. La vicepresidenta Villarruel ha utilizado esta causa como parte de sus críticas al sistema judicial, aunque es improbable que se produzcan cambios en la jurisprudencia vigente. Si bien es posible que Carlos Rosenkrantz apoye una revisión, es poco probable que otros miembros de la Corte, como Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti o Juan Maqueda, lo acompañen.
