Pese a la prohibición legal, se realizó una mediación en el ámbito eclesiástico
El enviado del papa Francisco, el abogado canónico Javier Belda Iniesta, medió entre las carmelitas descalzas del Convento San Bernardo y el arzobispo Mario Cargnello, acusado de violencia de género. El acuerdo firmado derivó en presentaciones ante la justicia y en la modificación de algunas medidas cautelares.
El arzobispo de Salta, Mario Cargnello, y las carmelitas descalzas del Convento San Bernardo firmaron un acuerdo tras la intervención del abogado canónico español Javier Belda Iniesta, enviado por el papa Francisco. La mediación, realizada en el ámbito eclesiástico pese a estar prohibida por ley en causas de violencia de género, derivó en presentaciones ante la jueza Carolina Cáceres Moreno, quien redujo la perimetral impuesta al prelado y levantó la custodia policial en el monasterio.
La mediación se llevó a cabo durante una semana e incluyó la participación del abogado canónico Francesco De Angelis, quien oficó como notario del acuerdo. Según Eduardo Romani, abogado defensor de Cargnello, el convenio reconoce al arzobispo como «la autoridad máxima en cuanto a la Iglesia y al Convento». Además, establece que cualquier futuro conflicto será tratado directamente por Belda Iniesta, quien cuenta con delegación de poder desde Roma.
Entre los puntos acordados, se dispuso el nombramiento de un delegado del obispo para presidir la elección de la priora del monasterio, la presentación anual de la rendición de cuentas y la designación de una ecónoma para administrar los bienes del convento. También se estableció que la priora desarrollará un proyecto formativo para fortalecer la espiritualidad carmelitana y se permitió la práctica de devociones particulares, siempre que no interfieran con las normas eclesiásticas.
La causa judicial contra Cargnello por violencia de género no ha sido archivada, ya que es un asunto de orden público y requiere un plazo de seis meses. Sin embargo, la jueza Cáceres Moreno ya modificó algunas medidas cautelares: la perimetral se redujo de 300 a 100 metros y se levantó la consigna policial fija en el convento.
Cabe destacar que la mediación realizada genera controversia, ya que la legislación vigente prohíbe este tipo de procedimientos en casos de violencia de género. La abogada Gloria Cruz, del Instituto Jurídico de Género de Salta, recordó que tanto la ley provincial 7888 como la ley nacional 26485 establecen que «en todos los trámites relacionados con casos de violencia, está prohibida la mediación o conciliación». No obstante, el proceso se realizó dentro del ámbito eclesiástico, lo que podría abrir un debate sobre su validez legal y sus implicancias judiciales.
Fuente:Pagina12
