Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, que ocuparon cargos en la administración de Mauricio Macri, fueron denunciados penalmente por los delitos de traición a la patria y usurpación de títulos, tras conocerse que se reunieron con funcionarios del FMI, para impedir que se le preste colaboración a la Argentina hasta que asuma un nuevo gobierno. El hecho tuvo como consecuencia la fuerte desestabilización en el precio del dólar que generó temor en el comercio y la suba de precios en todos los rubros.
Frente a la fuerte inestabilidad en el precio del dólar de la ultima semana, el gobierno tomó medidas orientadas a confrontar el sabotaje que sufre la Argentina de parte de funcionarios que buscan intervenir de manera negativa en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, que ocuparon cargos en la administración de Mauricio Macri, fueron denunciados penalmente por los delitos de traición a la patria y usurpación de títulos.
La denuncia, fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, surge a raíz de las acusaciones del Gobierno de que los exfuncionarios intentaron obstaculizar las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener desembolsos de dinero.
Según consta en el documento, los economistas habrían presentado documentos falsos para acreditar su calidad de representantes del Estado Argentino ante el organismo internacional sin tener la calidad de funcionarios públicos.
Trascendió además, a través de los medios de comunicación nacionales, que los economistas mencionados, vinculados a la gestión del gobierno macrista le habría pedido a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina, hasta que asuma una nueva gestión y de esta manera negociar con otros funcionarios. Asimismo, la descripción efectuada de quiénes habrían sido estos economistas que llevaron a cabo las gestiones se sostuvo que se trataría de Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris; y que con esa estrategia estarían buscando empujar al país hacia un default
“Esta situación afectaría no solamente la relación de la Argentina con el organismo, sino además a la economía misma instando a una corrida”, señala el documento.
El abogado afirmó que las personas estarían usurpando la representación del Estado argentino ante un organismo internacional sin tener la calidad de funcionarios públicos y además prometiendo serlo en un futuro la conducta descrita podría ser considerada como un acto de falsificación de documentos públicos. Tipificado en el artículo 292 del Código Penal. En este sentido, si las personas han presentado documentos falsos para acreditar su calidad de representante del Estado, podrían enfrentar una pena de prisión de dos a seis años.
Asimismo el comportamiento descripto podría constituir el delito de TRAICIÓN A LA PATRIA, contemplado en el artículo 214 del Código Penal de la Argentina, dicho artículo establece que será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años, el argentino por nacimiento o por opción, que tomaré las armas contra la nación.
Aunque el comportamiento descripto no incluye específicamente el uso de armas contra la nación, pero podría interpretarse que la gestiones realizadas para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del Fondo Monetario Internacional están destinadas a dañar la economía del país, y por lo tanto a menoscabar su integridad y estabilidad económica.
Este tipo de acciones pueden ser consideradas como una forma de colaboración con los enemigos de la nación, o de poner en riesgo, la seguridad del Estado lo cual podría ser interpretado como una forma de traición a la patria, aseguró el abogado en la denuncia presentada.
