La exministra de Seguridad, ahora bajo el gobierno de Javier Milei, regresa al cargo prometiendo «orden» y lucha implacable contra el crimen. Sin embargo, su historial está teñido por casos de represión violenta, como los de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y, recientemente, Fernando Gómez en el marco del «Plan Güemes».
Patricia Bullrich, apodada «La Pato», «La Piba» o «La Dama de Hierro», vuelve al Ministerio de Seguridad de la Nación con un estilo de gestión que promete continuar la línea de mano dura que la ha caracterizado. Con 67 años y un recorrido político que va desde su militancia en Montoneros hasta su rol en Cambiemos y, ahora, en La Libertad Avanza, Bullrich asume este segundo mandato con un perfil inquebrantable en su apuesta por la represión como respuesta al desorden y la criminalidad.
Durante su gestión anterior (2015-2019), Bullrich encabezó operativos que dejaron una profunda huella en la memoria colectiva, como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche, ambos vinculados a acciones represivas de Gendarmería. En el caso Maldonado, el joven desapareció tras una protesta en defensa de la comunidad mapuche Pu Lof, y su cuerpo fue encontrado 77 días después en circunstancias que aún generan dudas y denuncias por irregularidades. Por su parte, Nahuel murió en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, cuyos responsables fueron condenados años después.
Otro de los episodios que enfrentaron a Bullrich con organismos de derechos humanos fue la represión de jubilados en el Puente Pueyrredón, en 2016. Con carros hidrantes y balas de goma, las fuerzas federales reprimieron una protesta por la pérdida de poder adquisitivo, lo que consolidó la imagen de Bullrich como una figura asociada a la defensa de las fuerzas represivas.
Pese a las críticas, Bullrich asegura haber alcanzado logros importantes durante su mandato anterior, como la incautación de 313 toneladas de droga, superando cifras de gestiones previas. Este dato ha sido utilizado como bandera en su lucha contra el narcotráfico, una prioridad que vuelve a marcar su agenda en esta nueva etapa bajo la presidencia de Javier Milei. Sin embargo, los métodos utilizados para imponer el «orden» han generado un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad.
El «Plan Güemes», lanzado el 9 de diciembre de 2024 junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ejemplifica esta lógica represiva. A solo nueve días de su implementación, el 18 de diciembre, un operativo de Gendarmería en la frontera con Bolivia resultó en la muerte del bagayero Fernando Gómez y en heridas de gravedad para otros tres trabajadores, entre ellos Ariel Gareca, quien perdió la movilidad en la mitad de su cuerpo. A un mes del hecho, no hay imputados, y las denuncias apuntan a la Sección Núcleo del Escuadrón 20 de Orán, cuyos integrantes aún no han declarado.
Las organizaciones de derechos humanos, junto con sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles, han exigido justicia para Gómez, calificando su muerte como una muestra más de la violencia estatal utilizada para imponer ajustes económicos y medidas de austeridad. Mientras tanto, Bullrich reafirma su posición, declarando que «Argentina necesita orden» y prometiendo ser «implacable contra el crimen».
Este segundo tiempo de Bullrich en Seguridad no solo revive el debate sobre los límites de las políticas de represión, sino también sobre el costo social de un modelo que prioriza la fuerza sobre el diálogo en un país sumido en una profunda crisis. La figura de Bullrich, con sus éxitos y sombras, sigue generando divisiones en la sociedad argentina y en el escenario político nacional.
