La Primera es salteña. Y consiste en una tentativa de estafa intelectual a los electores salteños. Los diputados nacionales conforman un cuerpo en el que cada uno de los legisladores tiene un voto. Si desea la aprobación de una ley, tiene que lograr el consenso previo de muchos legisladores para que sea viable. Ninguno puede asegurar éxito en la tentativa, pues es una institución plural. Se puede prometer al electorado gestionar, indagar, requerir información, oponerse a ciertas tentativas de degradar la república y hasta se puede prometer honestidad.
Pero lo que no puede hacerse es prometer resultados, como si fuese gobernador o intendente. Y es lo que la mayoría de los candidatos a diputados nacionales está haciendo. Ellos dicen tener la receta para lograr pleno empleo, desterrar la pobreza, realizar faraónicas obras públicas, erradicar el delito dando seguridad a la población y obtener una educación de primer mundo.
Los diputados pueden proponer, pero nunca asegurar. Y los candidatos que lo hacen, están intentando estafar a nuestro electorado. No podemos acompañar con nuestro voto la insensatez.
La segunda incongruencia es nacional. Consiste en la desnaturalización de nuestro servicio secreto, que, en lugar de estar al servicio de la Nación, se sitúa al servicio del partido político gobernante. Esto se comprueba muy fácilmente pues en cada cambio de gobierno se instala una nueva cúpula.
Y nuestro servicio secreto ha dejado de ser secreto. Recientemente se ha enviado a un Juzgado la nómina de los agentes secretos sitos en otros países, con lo que se ha destruído una labor de muchos años arriesgando la vida de nuestros espías. Y a los topos o agentes secretos trabajando dentro del crimen organizado directamente se los ha condenado a muerte Apunto de que todos los países del mundo tienen servicio secreto, pero en todos ellos, son secretos. Y se forma una estructura funcional que mantiene personal especializado a cargo. A ningún gobernante se le ocurriría poner el servicio bajo la conducción de un puntero político. Pero en el nuestro, el mundo al revés, la AFI se parece más a una guía de teléfonos.
Ese secreto debe ser preservado a toda costa. Por ello sólo el presidente de la República puede autorizar su conocimiento.
Ese servicio secreto debe luchar contra el crimen organizado. Por ejemplo en el tema estupefacientes, contrabando de armamento, prostitución y trata de personas, ingerencia de otros estados en nuestros asuntos internos, alteración del orden público y del orden institucional y además debe brindar información para que el Poder Ejecutivo y los organismos encargados del orden, puedan actuar con eficiencia. Si no contamos con información anticipada, no podemos evitar la delincuencia.
Imaginemos que ese servicio investiga una red de corrupción o contrabando de cocaína. Los corruptos son poderosos y el crimen organizado, por las buenas o por las malas -por ejemplo. en Rosario de Santa Fe- logra sus fines. Si alguna persona se interpone en sus objetivos puede ser asesinado o trasladar sus consecuencias a su familia. No tienen códigos, salvo la del silencio. Luchar contra ellos requiere mucha libertad de acción y por sobre todas las cosas, secreto. Si cada uno de los pasos de una investigación requiere autorización judicial o consentimiento del Ministro de Seguridad o del presidente, por ejemplo, en los delitos de ciberseguridad, que se desarrollan en instantes, no se podrá lograr resultados.
Lo expresado guarda relación con la presunta investigación realizada por la AFI, con los familiares de los muertos en el submarino ARA San Juan, los que merecen todo nuestro respeto.
La citación a indagatoria a Macri, que aclaro no es santo de mi devoción, sólo es posible si el Juez interviniente cuenta con información proveniente de la misma AFI, con lo que se desvirtúa la secrecía que debe existir.
El juicio a Macri va a ser público y el Juez necesita, ineludiblemente información secreta de la AFI, que de este modo deja de ser secreta.
Andamos a los tumbos en lo político, en lo económico, en lo social, en lo educativo y parece que se está mejorando en la lucha contra la pandemia.
Pero peor estamos en la estructura republicana que hemos elegido, en la que la independencia del poder judicial, que es la base de sustentación, que debiera asegurarnos tratamiento objetivo a los particulares y a los funcionarios e instituciones del Estado, está sometida a peleas intestinas, entre jueces K y del otro palo. ¿Qué objetividad nos puede asegurar un juez que actúa desde una trinchera política? ¿Qué garantía tiene un buen juez si el sector K logra el copamiento del Consejo de la Magistratura? Ésta es la tercera incongruencia.
Si Cristina obtiene mayoría en diputados, logrará aprobar una ley para destituir al Procurador Casal y designar un amigo. Hoy necesita mayoría agravada tanto en el Senado como en Diputados. Pero se intenta cambiar la ley para destituir a Casal con mayoría simple. Y una vez designado el amigo, se le impone el candado de la mayoría agravada para cambiarlo.
Si la Justicia ha dejado de ser Justicia. Si el presidente no es el que gobierna. Si las medidas económicas se toman por necesidades electorales o por la presión de la gente en la calle. Si la corrupción no tiene sanción, más aún, si se la tolera o se la aplaude, la revolución del conocimiento, que nos permitirá crecer y situarnos en el mundo, debe estar precedida de una revolución ética y moral.
Santos Jacinto Dávalos
