Tras la vergüenza nacional por el robo millonario de 35 kilómetros de caños del gasoducto, por el que fue imputado el intendente de la localidad de Aguaray, la Cámara de Diputados aún no logra consenso para debatir a cerca de la intervención del Municipio.
La situación genera rechazo por parte de los diputados opositores, tal es el caso del legislador Ramón Villa, quien se refirió al hecho en la última sesión y expresó que la pandemia no debe tapar el resto de problemas que tiene la provincia y pidió a los legisladores que no quieren debatir este proyecto que argumenten su postura ante la gente.
“A los diputados que no quieren debatirlo o darle dictamen favorable les pido que hagan un dictamen en contra y le digan a la gente por qué defienden a un intendente que no puede estar un minuto más por la institucionalidad de ese municipio”, aseguró Villa y cargó contra los referentes del oficialismo provincial, afirmando que estos legisladores “deben estar en coordinación con el gobernador Gustavo Sáenz” para no tratar el proyecto.
De esta manera el legislador Villa adjudica la desatención en el tema, a estrechas relaciones políticas que se habrían construido entre el gobernador Gustavo Sáenz y el jefe comunal de Aguaray.
El mismo Jorge Prado se encargó de exponer ante los medios de comunicación locales su distanciamiento con el senador nacional Sergio Leavy y una sorpresiva cercanía con el gobierno de Sáenz: “Me siento muy acompañado por mi equipo y por el gobierno de la provincia. Tenemos un gobernador con una mirada diferente para trabajar, está demostrando que es hora de que el interior también participe, agradezco su acompañamiento desde el primer día con el municipio de Aguaray”, manifestaba el jefe comunal antes del escándalo.
Tales declaraciones, sumadas a la solicitud de los legisladores de la oposición que piden la intevención del Municipio de Aguaray y la falta de respuestas del oficialismo, acrecientan la sospecha de la existencia de funcionarios que conocieran la maniobra delictiva que se llevó adelante en el municipio, que hasta el momento, tiene como caras visibles al intendente Jorge Prado, al secretario de Hacienda de Aguaray, Freddy Marcelo Céspedes, y el empresario Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA, la que fue autorizada por el jefe comunal a sacar los caños que pertenecen al Estado nacional, bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente. El hurto fue valuado en más 13 millones de dólares.
