Finalmente tras varias semanas de debate, la Cámara de Diputados de la Provincia, anoche otorgó la por 54 votos a favor y uno en contra, la intervención al municipio de Aguaray y pasó a revisión en el Senado.
El intendente de esa localidad, Jorge Prado se encuentra imputado desde mayo pasado en el millonario robo de caños del Gasoducto NEA, que investiga la Justicia federal tras el informe publicado por diario El Tribuno y que tuvo una amplia repercusión nacional.
La medida, que ahora deberá aprobar el Senado y convalidar el Ejecutivo, fue dispuesta en función de lo que dispone el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución provincial: para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
Desde el oficialismo, la diputada Socorro Villamayor remarcó que «el robo del siglo» no solo fue un hecho doloroso para Aguaray, lo fue para la provincia de Salta, en alusión a la sustracción de 35 kilómetros de caños del GNEA destinados a una obra para la gente.
Mientras que el diputado radical Héctor Chibán no dudó en responder que «fue el oficialismo el que bloqueó todo este tiempo» el tratamiento de la ley de intervención.
