La diputada nacional Lía Verónica Caliva y el procurador general, Abel Cornejo, coincidieron en la necesidad de conformar una Mesa de Concertación junto a los distintos poderes del Estado, que permita aportar y definir soluciones a problemáticas urgentes que tiene la provincia. Lo hicieron al reunirse virtualmente para intercambiar información sobre políticas públicas referidas a la ocupación de tierras, el déficit habitacional, la violencia institucional y de género, y cuyos aspectos penales confluyen en el Ministerio Público Fiscal.
Durante el encuentro, Caliva expuso ante Cornejo distintos planteos que hicieron llegar organizaciones y ciudadanas y ciudadanos particulares al Congreso, vinculadas especialmente con conflictos por tierras y asentamientos conformados en capital y el interior provincial (Rivadavia, San Martín, Orán y Cafayate). Destacó la necesidad de seguir evitando desalojos y la represión de las familias asentadas, a través de la mediación que mantiene el Ministerio Público Fiscal en los asentamientos de la zona sur de la capital y de Colonia Santa Rosa, entre otros. También se refirió al fallo de la Corte Interamericana de DDHH a favor de las comunidades y otros conflictos que involucran a poblaciones wichí, ava guaraní y diaguitas; las familias que se sumaron al cordón de pobreza profundizada por la pandemia y el estallido social que podría generar que el Estado no se anticipe y contenga la emergencia social antes de que pierda vigencia la prohibición de desalojos de alquileres.
Por su parte, Cornejo destacó la importancia del diálogo y de garantizar la paz, igualdad y equidad entre los distintos sectores en el marco de la emergencia sanitaria y social vigente, a la vez que precisó que desde el inicio del asentamiento en San Calixto, se produjeron más de veinte audiencias de mediación a través de una comprometida tarea de los mediadores del MPF y ante una situación que se fue tensando debido a la rotación de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.
Caliva y Cornejo discutieron sobre otros temas y acordaron trabajar en una agenda conjunta, que de acuerdo a la legisladora “será muy extensa, pero se debe empezar con lo más urgente”. Así, consideró que si en 2021 se discutiera la Reforma Constitucional en Salta, sería la oportunidad de discutir sobre situaciones problemáticas de fondo y sancionar cambios estructurales y sustanciales para terminar con ellas.
El Procurador propuso que ante el déficit de más de 100 mil viviendas y en el marco de la Mesa de Concertación (que podrían integrar el poder ejecutivo nacional, provincial y los municipales, el poder legislativo nacional y provincial; poder judicial, el MPF y organizaciones intermedias); se analice como vía de solución que se avance en un relevamiento integral de tierras fiscales disponibles y déficit habitacional; y que entonces, se permuten tierras productivas de propiedad del Estado, por tierras privadas donde podrían ejecutarse loteos sociales. “Hay propietarios de tierras con servicios y que podrían recibir a cambio de ellas, tierras destinadas a la explotación agroforestal. De esa forma, se lograría una compensación de propiedades, tal como lo establece la Doctrina de Expropiaciones Justas”, señaló el funcionario.
