Bajo el mote de “seguridad jurídica”, el Gobierno salteño profundiza la política de extracción de recursos e invita al capital privado explotar la naturaleza. Petróleo en el Chaco salteño y oro en la Puna, para reimpulsar la economía local según el oficialismo. ¿Hay dos modelos en pugna dentro del gobierno de Sáenz?
En el Gobierno hay quienes confían en que la explotación de los recursos naturales que posee Salta podría ser la carta de salida a la crisis estructural que se atraviesa. Generar ingresos y crear trabajo son dos matices que entusiasman al oficialismo. Puertas adentro se contraponen dos miradas sobre el mismo tema: la primarización de la economía o la industrialización. Es decir, la concesión de la extracción de recursos para exportación o la conformación de una cadena de valor local.
Hubo algunas señales en los últimos días que permiten ahondar en la primera concepción, la del uso de la naturaleza para negocios privados con escaso aporte colectivo:
El anuncio de la extracción del primer lingote de oro en la mina Lindero, en Tolar Grande, departamento Los Andes;
La concesión por 25 años a la empresa China Hick Luck Group Limited para la explotación de petróleo en Los Blancos, departamento Rivadavia;
La eliminación de las audiencias públicas para deforestar hasta 1.500 hectáreas si se pretende aplicar un modelo silvopastoril o forestal-ganadero;
En todos los casos anteriores, podemos decir, se impone la mirada del ministro de Producción y Desarrollo, Martín De Los Ríos Plaza, quien insiste en la idea de otorgar “seguridad jurídica” para las inversiones, aunque fuere inconfesable la verdadera intención.
Por otro lado, se encuentra el perfil productivo que si bien no descarta propulsar la actividad económica a partir de los recursos naturales, más bien pondera el desarrollo industrial. Es la idea del contador Pablo Outes, Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la administración Gustavo Sáenz.
Desandar cada punto en cuestión implicaría un análisis cuya profundidad excede estas líneas. Pero se intentará un repaso por el impacto de los rubros no sólo desde el punto de vista económico y fiscal, sino también desde lo ambiental y social.
Minería metalífera: el oro
La desactualizada y débil legislación en torno a la megaminería es un factor que el Estado debería prestar real importancia en tiempos de crisis internacional. Este sector avanzó en la década de los noventa y alcanzó su punto álgido a mediados de la primera década del siglo 21, cuando el alza de los precios internacionales generó un incremento de la rentabilidad. Según la economista Pilar Palmieri, en el año 2008 la renta era de U$S 552 millones, valor que en el año 2010 alcanzó los U$S 1.339 y que, estimó, para 2011 se ubicó cerca de los U$S 1.918 millones. “El gran incremento en los precios internacionales del oro ha generado que en menos de cuatro años el margen de producción (precio-costo) se haya casi triplicado. En consecuencia, la renta del oro definida como la renta total de la producción menos la retribución normal al capital aumentó significativamente”, señaló en un artículo de Voces en el Fénix.
Sin embargo, en Argentina la producción de oro se encuentra concentrada y en manos de capitales extranjeros. Una de las transnacionales con fuerte presencia en el país y el mundo es la Barrick Gold, que principalmente se encuentra en San Juan y Catamarca y que ahora desembarcó en Salta con una participación del 70% en el proyecto El Quevar a través de la compañía con sede en Estados Unidos, Golden Minerals. En ese sentido, cabe mencionar que se suma a la lista de empresas extranjeras en el negocio de los recursos naturales la firma Mansfield: anunció recientemente la extracción del primer lingote de oro en el Salar de Arizaro, localidad Tolar Grande, departamento Los Andes.
Mina Lindero en el departamento Los Andes, Salta.
Acompañada la noticia de la producción del lingote de oro en suelo local por Mansfield vino el concepto de “seguridad jurídica” que muchos utilizan como sinónimo del laissez faire, es decir “dejar hacer, dejar pasar”, para evitar que el Estado avance en la regulación del sector. O bien que tenga una participación proactiva en favor de intereses colectivos. Es la teoría del libre mercado que estuvo más que vigente en el período 2015-2019. Por eso, no es casual que De los Ríos, ex titular del PRO en la provincia, sea el actual ministro de la cartera competente, y que al frente de la Secretaría de Minería esté el geólogo Ricardo Alonso, quien ya en 2013, cuando era legislador provincial, apuntó contra los derechos a la exportación, el control del mercado de capitales, la presión impositiva y la infaltable “inseguridad e inestabilidad jurídica”. De hecho, llama poderosamente la atención que un hombre de la Iglesia como lo es el diputado Andrés Suriani haya librado tamaña batalla por presidir la Comisión de Minería en la Cámara baja, siendo que la fe católica que desprende del Vaticano insiste en la protección de los recursos naturales y el cuidado al medioambiente, esto último cuestionado en el rubro minero.
Es cierto que la actividad minera genera puestos de trabajo en las localidades donde se asienta, a punto tal que se terminan formando empresas locales de porte pequeño que, más allá de la participación en el flujo de capitales a gran escala, funcionan como un factor de legitimación del rubro ante la mirada de los pobladores. Pero también es cierto que en el rubro existe, por ejemplo, la tercerización de contratos que terminan generando mano de obra relativamente barata a costa de laxos compromisos contractuales. Tal es el caso de los 250 trabajadores despedidos de EDVSA, la empresa que se hizo cargo de la construcción de la mina Lindero posibilitándole a la extranjera Mansfield extraer el lingote de oro del cual hablamos antes.
Como sea, la invitación del gobierno salteño a la explotación de los recursos metalíferos se conjuga con una falta de leyes que prioricen el desarrollo sustentable e inclusivo, situación que deja más incertidumbre que certezas a la población. Actualmente el Estado recauda por regalías provinciales, por el Impuesto a las Ganancias y por los derechos de exportación. El primer concepto es el que, paradójicamente, menos aporta a la torta fiscal, mientras que el último de ellos obtuvo recientemente una baja de 4 puntos porcentuales (pasó del 12% al 8%) por parte del Gobierno Nacional para incentivar al sector. Por lo tanto, el desafío es encarar hacia futuro qué rol tendrá el Estado para motorizar la actividad, salvaguardar el medioambiente y obtener beneficios fiscales y de creación de trabajo genuino.
Apropiación de la renta del oro por parte del Estado según impuesto – Pilar Palmieri, economista UBA
“La participación del Estado en la renta del oro ha ido cayendo en los últimos años. En el 2008 se apropiaba del 34%, valor que descendió en el año 2010 al 24%. Esto se explica tanto por el incremento en las ganancias del sector como por el aumento de la producción en proyectos menores a 5 años (exentos de pagar el impuesto a las ganancias)”, señala Palmieri en el texto “Fiscalidad y minería en la Argentina: el caso de la renta del oro en el marco de la crisis financiera internacional”. Por su parte, los capitales privados prestan atención a la rentabilidad de su actividad, que es la que genera la mayor parte de sus ingresos. Según la anterior gestión del Gobierno Nacional, el oro fue el principal mineral extraído en 2016 con el 47% de aporte y para 2018 representó el 65% de las exportaciones. En tanto que, si sumamos la estratégica inversión que acarrea el litio, boratos, y otros obtenemos que el rubro de los minerales no metalíferos pican en punta para generar ingresos fiscales.
Así las cosas, el incentivo lingüístico de la “seguridad jurídica” que enarbola De los Ríos para atraer inversiones, sumada la endeble legislación vigente, relega al Estado de la participación en el rubro priorizando los beneficios privados y, con ello, profundizando la concentración y extranjerización de la explotación de los recursos, la puja por menos retenciones y el impacto negativo en materia ambiental y social. (Por Emiliano Frascaroli – Buufo)
