El gobierno busca impulsar que el impuesto sólo sea pagado por quienes ganan más de 150 mil pesos. Más de un millón de personas en el país se verían beneficiadas en el país, de concretarse la iniciativa.
De aprobarse esta ley, solo pasarían a pagar ese tributo aquellos que perciban salarios superiores a 150 mil pesos mensuales y las jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos (152.280 pesos). Según adelantaron medios nacionales,desde la bancada de Juntos por el Cambio, apoyarían el proyecto, pero probablemente presenten modificaciones al texto original vinculadas a lo que pagarán los trabajadores autónomos en comparación a los trabajadores en relación de dependencia.
El proyecto sería tratado en el recinto los primeros días de marzo, pero comenzará a debatirse en el marco de las sesiones extraordinariasque culminan el 28 de febrero.
Los bloques opositores de la UCR, y también el de Juntos por el Cambio, se reunieron para trabajar sobre el proyecto firmado por el presidente de la Cámara baja y, si bien se estima que apoyarán la iniciativa, pedirán modificaciones. Luciano Laspina, diputado de JxC y vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo que «el proyecto sigue la línea iniciada en 2016 para reducir la carga impositiva sobre los trabajadores registrados de menores ingresos, pero discrimina injustamente a los trabajadores autónomos que tendrían un mínimo no imponible de un tercio del de los trabajadores en relación de dependencia”.
Quiénes serían los benefiarios
El esquema propuesto por el Gobierno representaría un esfuerzo fiscal de 40 mil millones de pesos, y la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000. En consecuencia, de ser aprobada, la ley permitiría consolidar un esquema progresivo y sólo lo pagaría el 10 por ciento de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.
Según explicaron desde el oficialismo, el proyecto busca fundamentalmente potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. El proyecto está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y a los jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar ganancias.