Se repartirá entre los partidos políticos y frentes electorales que participen de los comicios provinciales que se realizarán el 4 de julio. Ayer se conoció que se destinarán, además, $321 millones para el voto electrónico.
El aporte público que se distribuirá este año entre los partidos políticos para campaña y para contratar publicidad electoral oficial en los medios será de 60 millones de pesos.
El monto fue fijado en la distribución de erogaciones del presupuesto asignado para que el Tribunal Electoral de la Provincia lleve adelante el proceso de elecciones de medio término que se realizarán el primer domingo de julio de este año.
Para las elecciones generales del 2019 se destinaron 75 millones de pesos, pero ese año se realizaron las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), instancia que para el turno electoral 2021 fue suspendida.
De ese monto, $ 35 millones de aporte público fueron distribuidos para las campañas que se hicieron para las PASO y en las generales. Las primeras tuvieron lugar en octubre y las segundas en noviembre de 2019.
Con los restantes 40 millones se costeó en las generales de ese año la publicidad electoral oficial en los medios de comunicación.
La ley 8225, sancionada en diciembre del año pasado y que suspendió en forma excepcional y extraordinaria las PASO, establece que los aportes públicos de campaña y la publicidad electoral oficial se asignarán únicamente para las elecciones generales de este año.
En función de esa medida es que se estableció la suma de 60 millones de pesos, solo 15 millones menos que en 2019, de aportes públicos para distribuir en las elecciones del 4 de julio.
De esa cifra, hasta el momento no se determinó el monto que se destinará a las fuerzas políticas para campaña y cuanto se asignará para contratar publicidad electoral en los medios.
A través de la ley 8225 se ratificó que la ley de presupuesto general deberá prever las partidas necesarias para el año en que se realicen elecciones destinadas a aportes públicos de campaña y publicidad electoral oficial, ello con encuadre en el artículo 53 – in fine- de la Constitución Provincial.
Este paso tiene como finalidad colocar en pie de igualdad a todos los partidos políticos y alianzas de la provincia que compiten por cargos electivos provinciales y municipales.
En tanto, la Carta Magna provincial define a los partidos políticos como instrumentos de participación con los que se expresa la voluntad política del pueblo para integrar los poderes del Estado.
Tras la definición del monto de $ 60 millones como aportes públicos, el Tribunal Electoral Provincial adecuará normas reglamentarias para la distribución entre las listas que intervengan en la próxima contienda electoral, teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 8225 que suspendió las PASO.
Luego de las elecciones, las fuerzas políticas que reciban del Estado provincial aportes públicos de campaña deberán presentar rendiciones de gastos ante la Auditoría General de la Provincia.
En este sentido, se recordó que en consonancia con los artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional, reglamentado por la ley nacional 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, y a los fines de control del erario, las fuerzas políticas receptoras de los aportes públicos de campaña deben obligatoriamente presentar la rendición de los gastos cancelados ante la Auditoría General de la Provincia.
A quienes incumplen les cabe el apercibimiento de perder el derecho de recibir aportes por el término de dos años. (El Tribuno)
