Desnutrición, deshidratación, inseguridad y olvido, son solo algunos de los más grandes problemas que atraviesan las comunidades originarias de Salta. Un hecho histórico de marginalidad que se escucha bien cuando se habla de los asuntos a erradicar, pero la realidad es que ninguna gestión logró una real solución.
El panorama para la provincia no es muy diferente de aquel lejano primer trimestre de 2020 cuando la noticia de las muertes de niños por desnutrición y la falta de agua potable retumbó fuerte en todos los medios de comunicación del país. Salta, la lejana provincia del norte tenía serios problemas a resolver de manera inmediata y también a largo plazo, pero la gestión del actual gobernador, al igual que la de muchos otros, pronto fue también sorprendida por la Pandemia. Poco fue lo que se pudo hacer y hoy nuevamente el norte de la provincia es sacudido por los golpes de la pobreza y el olvido. Pese a los recurrentes reclamos, aún nadie, ni ex mandatarios, ni funcionarios actuales, ni legisladores nacionales, pudieron dar soluciones y respuestas: La Ley 7856, de Salud Intercultural, promulgada en el año 2014, es considerada una herramienta valiosa para prevenir estos altos índices de mortalidad o mala atención a la población indígena pero sigue siendo la gran deuda pendiente.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) reveló que “la tasa de mortalidad infantil provincial (que mide la mortalidad durante el primer año de vida) es de 10 por cada 1.000 nacidos vivos y se coloca por encima de la tasa nacional (8,8 por cada 1.000), según el Indec”. Sin embargo, en ciertas áreas de la provincia, ACIJ analizó que el indicador es más elevado, como en Coronel Juan Solá o Morillo (pueblo del departamento Rivadavia), que registra una tasa del 26,6; Nazareno (en Santa Victoria Oeste), con el19,2; Santa Victoria Este (también en Rivadavia, pero en el extremo noreste), 18,9, y Metán (en el sur provincial), con una tasa del 18,1, según los datos que publicó el Ministerio de Salud Pública de Salta, en 2018.
En la provincia de Salta residen 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y que viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación. A ello se suma la restricción al acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable. Según el último censo nacional (2010), en la provincia residían 79.204 personas indígenas o descendientes de pueblos originarios (6 por ciento de la población provincial), de las cuales el 70 por ciento carecía de obra social, prepaga o plan estatal de cobertura de salud.
Actualmente, la cartera sanitaria provincial “calcula que en la provincia habitan 17.156 familias y aproximadamente 102.936 personas de comunidades indígenas”, indicó ACIJ. Esta situación afecta especialmente a las infancias. En Salta viven 137.012 niños y niñas menores de 5 años.
En 2018 se detectaron 1.640 casos de niñas y niños (de 0 a 5 años) con desnutrición, de los cuales el 47 por ciento (768) vivían en la zona sanitaria Norte de la provincia, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de Salta. Del total de casos reportados, 1.462 tenían bajo peso y 178 tenían muy bajo peso.
Ley de Salud Intercultural
La Ley de Salud Intercultural, se plantea como la principal respuesta a estas problemáticas históricas ya que promueve el abordaje intercultural de la atención de la salud, la presencia de facilitadores interculturales, de albergues institucionales de tránsito, de apoyo socioeconómico a las familias y se cree una Red de Apoyo Sanitario Intercultural, con el objetivo de terminar con las situaciones de discriminación y violencia que sufren niñas y niños cuando quieren acceder a su derecho a la salud. En este contexto la Ley es una valiosa herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas que integran los pueblos originarios.
El panorama vuelve a ser incierto para las integrantes de las comunidades originarias que a pesar de sus incesantes marchas de protesta no logran que el gobierno garantice el cumplimiento del amparo correspondiente.
A fines del año pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, junto a la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma demandaron al Estado salteño para que cumpla con la ley provincial de Salud Intercultural N° 7.856. Hace a penas unos días finalmente, el juez Eduardo Barrionuevo, ordenó al gobierno de Salta que garantice albergues para las personas, y sus parientes, que deban ser trasladadas por razones de salud a la ciudad de Salta y a otros centros urbanos de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, comprendidos en la declaración de la emergencia socio sanitaria. Según información oficial, al menos 7543 menores de 5 años que residen en estas comunidades se encuentran en estado de riesgo nutricional. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros 6 meses de 2021, se registraron 64 casos.
Pese a los esfuerzos, las muertes continúan en el norte, el 13 de enero falleció Aldana Quico después de esperar 12 horas por atención en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal; el 15 de enero se supo del femicidio de Pamela Julia Flores, de 12 años de edad, y entre el martes y el miércoles último fallecieron dos bebés. Desde las comunidades llegó el aviso de la muerte de otro niñito indígena y de tres que estarían internados en grave estado. El último fallecimiento del que se tiene registro hace a penas pocas horas, se trata de una niña wichi de Misión La Mora, a quien se le habría negado la atención urgente en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal. Sus familiares marcharán este jueves pidiendo justicia. Su tío y cacique de esta comunidad , Juan Carlos Calermo, sostuvo que hubo abandono de persona porque llamaron a la ambulancia cuando la nena presentaba dificultades para respirar pero no fue trasladada, bajo el supuesto de que no había camas disponibles en esa institución.
En un comunicado la ACIJ sostiene que «Persiste actualmente un contexto de discriminación histórica hacia estas poblaciones, que repercuten en obstáculos graves en el acceso al derecho a la salud»
Plan de Acción de Emergencia
Por otra parte, desde la Asesoría de Incapaces N° 2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, requirió al gobierno provincial que en un plazo de 5 días informe sobre el avance del plan de acción para restituir derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes de Santa Victoria Este que presentó en septiembre de 2021 en respuesta a un planteo en tal sentido realizado en 2016 por la entonces asesora de Incapaces Eugenia Fernández Berni.
Sacudido por la ola de muertes que ya nada tienen que ver con la Pandemia aún vigente, el gobierno acelera la apertura de un Centro de Recuperación Nutricional Infantil, que apunta a los pacientes de las áreas operativas de Santa Victoria Este y de Alto La Sierra, con una población de -aproximadamente- 17 mil habitantes, de los cuales el 80 por ciento son de comunidades originarias.
“Permitirá dar respuesta a aquellas personas que agudizan su situación de salud y que necesiten recuperar su nutrición. Atenderá a los pacientes de las áreas operativas de Santa Victoria Este y de Alto La Sierra, con una población de aproximadamente 17 mil habitantes”, sostiene el parte oficial.
Cada medida suma, sin embargo con índices tan alarmantes no hay tiempo para perder. Es urgente garantizar los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes de las comunidades y y la asignación de un presupuesto específico que puedan ayudar a mitigar la grave situación sociosanitaria que atraviesan las comunidades originarias de Salta, el largo proceso por el reconocimiento de sus derechos, postergado por funcionarios que solo contemplan como urgente sus propios intereses hacia un nuevo cargo.
