El organismo manifestó su solidaridad con los docentes reprimidos durante la tarde de hoy jueves 25 de mayo, en la ruta número 9, a la altura del ex peaje Aunor.
“El mecanismo de la protesta y manifestación pública resulta esencial para la protección y promoción de otros derechos fundamentales y en él confluyen el derecho de reunión, a la igualdad, a la libertad de expresión y asociación pacifica, a la participación pública, entre otros, los cuales se encuentran amparados por la Convención Americana de Derechos Humanos”, remarcaron sus representantes, a través de un comunicado.
El texto manifiesta lo siguiente:
Desde el Centro Comunitario para el Acceso a la Justicia (ALFA) apoyamos la lucha docente y del personal de la salud que se desarrolla en la Provincia de Salta y repudiamos la brutal represión ejercida, en más de una oportunidad, por la Policía de la Provincia de Salta a la altura del ex peaje Aunor.
El derecho internacional de los derechos humanos exige que los Estados respeten y garanticen los derechos de todas las personas que participan en manifestaciones y protestas sociales, lo que implica el deber de abstenerse de restringir el ejercicio de estos derechos cuando tal restricción no se encuentre expresamente autorizada por los instrumentos internacionales.
El mecanismo de la protesta y manifestación pública resulta esencial para la protección y promoción de otros derechos fundamentales y en él confluyen el derecho de reunión, a la igualdad, a la libertad de expresión y asociación pacifica, a la participación pública, entre otros, los cuales se encuentran amparados por la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional.
En ese contexto una obligación fundamental de los Estados es garantizar, de manera prioritaria, la vida, la integridad física y la seguridad de los manifestantes, por lo cual el poder punitivo del Estado no puede ser utilizado para disuadir, impedir o criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta, en aras de un supuesto orden o normalidad social, sobre todo cuando el objeto de la protesta involucra, como en este caso, un reclamo tan esencial como el de tener un sustento digno.
Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han expedido respecto a que el uso de armas solo puede ser una medida extrema y excepcional que no pueden utilizarse como un medio disuasivo en una protesta y que, asimismo, el personal interviniente debe estar adecuadamente formado e identificado, debiendo informar y rendir cuentas, debidamente, del operativo desplegado, sobre todo cuando se dan hechos de violencia perpetrados por personal policial.
En este sentido repudiamos el accionar de las fuerzas policiales provinciales ya que, en diversas filmaciones, se observa a uniformados masculinos ejerciendo una violencia completamente injustificada y desproporcional contra docentes, en su mayoría mujeres.
Nos solidarizamos, por ello, con los y las docentes autoconvocados, y con los referentes y personal de la salud y exigimos al Gobernador Gustavo Saenz una solución urgente a los legítimos reclamos planteados, como así también una investigación seria de los hechos de represión aquí denunciados y el cese de toda iniciativa tendiente a criminalizar a aquellas compañeras y compañeros que lo único que están haciendo es poner el cuerpo para defender su sustento.
