Inés Liendo fue designada para la tarea dispuesta por el gobierno nacional. A través del decreto 285/2024, el gobierno de Javier Milei dispuso la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) por el plazo de 90 días, con la posibilidad de prorrogarse por el mismo periodo por única vez a través de una resolución del Ministerio de Economía.
Liendo tendrá, entre sus facultades, que elaborar un informe del estado de situación del organismo; realizar todas las acciones necesarias para ordenar el régimen del personal; relevar la dotación del organismo con la posibilidad de tomar medidas como racionalización de la planta, cesantías, pases a disponibilidad, suspensiones y revisión de designaciones realizadas a través de concursos; designar y remover funcionarios; relevar procesos judiciales y administrativos en los cuales esté involucrado el organismo; examinar su estructura y proponer modificaciones; revisar procesos de compras, contrataciones y transferencias; reordenar programas y proyectos; disponer una auditoría sobre las instalaciones, bienes muebles e inmuebles; y evaluar e informar al Ministerio los cumplimientos de observaciones y recomendaciones que se efectúen en el marco de las auditorías.
En el decreto de Milei, se establece que el INAFCI beneficiaba “discrecionalmente” a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervenían en los procesos de asignación. Asimismo, afirman que hubo “ocupaciones de tierras fiscales” por parte del personal del Instituto y de áreas naturales protegidas; y que es necesario analizar minuciosamente los programas con financiamiento externo. Estas afirmaciones, por el momento, no se acompañaron de evidencia o acciones legales.
Ante esos motivos, el decreto expresa que es necesario proceder a “la reorganización profunda” del organismo para lograr que sus objetivos sean alcanzados con “mayor eficacia, eficiencia y economía”, según consignó el Nuevo Diario de Salta.
