Sólo se pudo confirmar el 52,3% de los establecimientos asistenciales. El restante 47.7% no funciona más como tal y el 25% de las direcciones no existe o allí nunca hubo un merendero. Había uno que aparecía situado en un country.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.
La denuncia, según se pudo conocer, es por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían. Nada de eso ocurrió.
El escrito tiene correlación con lo que ya adelantó este medio, que toneladas de alimentos secos salían de los depósitos del ex ministerio de Desarrollo, los palets eran cargados en camiones fletados por el organismo y de allí terminaban en galpones de las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la mayoría alineada con el entonces gobierno de Alberto Fernández, y en menor medida a movimientos piqueteros.
Otro ejemplo de la ausencia de control de la ex cartera social que estuvo a cargo de los actuales diputados nacionales de Unión por la Patria, Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz y del ex intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.
El caso emblemático de la denuncia es el del supuesto comedor “Gauchito Gil”: al intentar constatar su existencia, se determinó que “en su lugar en realidad hay un barrio privado”.
En “Sol de Barrio” no fue posible localizar la dirección, y los vecinos aseguran que allí nunca funcionó ningún comedor. En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente, pero que incluso al realizarse la inspección ocular se confirmó que tampoco existían”.
De las auditorías surgió que: “De la totalidad de los comedores “sólo se pudieron relevar la mitad 52,3%”. El restante 47.7% no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.
Por estas razones, la denuncia plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.
En los spots publicitario se afirmaba que, “11,2 millones de personas reciben asistencia alimentaria en todo el país”, y se detallaba que desde enero de 2020 a julio de ese año se habían invertido $69.745 millones en alimentos entregados posiblemente a muchos comedores que existían, pero otros que no. Ahora será la Justicia la que deberá investigar a dónde fueron esos alimentos y si en realidad salieron del ex Ministerio de Desarrollo Social.
En la denuncia de Pettovello también se aclaró que: “Sin perjuicio que el RENACOM (Registro Nacional de Comedores Comunitarios) es un ‘registro’, lo cierto es que el Estado Nacional debería haber controlado sistemáticamente a los comedores y merenderos durante los años en que estuvieron ‘matriculados’ pero nunca lo hizo, ya que no se verificaron actas labradas por los organismos estatales correspondientes a tal efecto”.La responsable del RENACOM, creado en julio de 2020 estaba a cargo de Laura Alonso. La dirigente de La Cámpora era la Secretaría de Inclusión Social.
Sobre el tema, la denuncia de Capital Humano destaca: “Nótese que los comedores y merenderos del RENACOM gestionan alimentos (por miles de millones de pesos) que provienen de diversos programas sociales (PNDU, programas de desarrollo social, etc), por lo que, sin lugar a duda, el Estado Nacional debería haber controlado en forma eficiente lo que no ocurrió en dichos programas durante los años de gestión”.
Desde la cartera de Pettovello se explicó a este medio que la presentación judicial se realizó, “en el marco de la política activa anticorrupción y de transparencia emprendida por el gobierno nacional”. Y que “desde el 10 de diciembre de 2023, la cartera de Capital Humano ha realizado diversas auditorías dentro de las Secretarías y organismos que dependen de la cartera”.
Fuente : Infobae
