Por Roberto Chuchuy
El ajuste a los jubilados no es algo nuevo en los gobiernos liberales, pero este es considerado «el ajuste más grande del mundo…» y va a generar graves conflictos políticos y sociales.
En ambas Cámaras del Congreso Nacional se produjo un rechazo a las políticas del Gobierno a partir de la votación de una ley que repone parcialmente los ingresos de los jubilados, aunque sus ingresos seguirán siendo bajos. La maniobra del gobierno de cancelar los subsidios a los medicamentos y liberar sus precios, beneficiando a los grandes laboratorios, ha provocado que millones de personas mayores no puedan acceder a los fármacos que necesitan para tratar sus dolencias, poniéndolos en la difícil situación de elegir entre «comer o remedios».
El presidente declaró: «Veto todo, me importa tres carajos», y así lo hizo, ejerciendo su facultad constitucional para vetar la ley. El conflicto, que comenzó siendo social, se ha transformado en político y ya no se limita al Congreso, pues las movilizaciones en las calles generaron una fuerte represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, se ha iniciado una campaña popular para reunir un millón de firmas que impugnen el veto presidencial, recuperando el viejo apotegma de que «ningún ajuste cierra sin represión». Todo con el objetivo de infundir miedo y frenar el posible crecimiento de la protesta social.
En este contexto, las manifestaciones de jubilados se sumarán a las de los docentes universitarios, víctimas también de un ajuste en sus salarios. Estas protestas coinciden con las del sector científico y tecnológico, que sufre un severo recorte presupuestario y la caída de ingresos, lo que impide la continuidad de becas para científicos y docentes.
A pesar de todo, Milei ha comenzado a sufrir un deterioro en la opinión pública, aunque sigue apoyándose en el desprestigio general de la política y en su relación con el establishment económico, que continúa respaldando sus discursos.
Día de la Industria
El presidente Javier Milei participó del evento organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), en el que se planteó una paradoja evidente: mientras la cúpula empresarial sigue apoyando políticamente al Gobierno, la actividad industrial experimenta una notable caída, tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas.
Un dato reciente indica que, en solo ocho meses, cerraron 10.000 pymes, y la recesión, junto con la caída del mercado interno, preanuncia la continuidad de este proceso de deterioro.
Mientras tanto, la crisis interna de La Libertad Avanza (LLA) se agudiza tras la visita de diputados y diputadas a represores condenados por la Justicia, lo que genera rechazo en la mayoría de la sociedad. Este rechazo está vinculado a la firme convicción, forjada durante 40 años de democracia, de que no se debe volver a los horrores de la dictadura: robo de niños, torturas, asesinatos y campos de concentración.
El apoyo a Milei por parte de los sectores de clase media ha disminuido, especialmente entre aquellos que han tenido que vender sus bienes en dólares para poder pagar los servicios.
