El Senado de Salta aprobó ayer un proyecto de ley impulsado por el senador Esteban D’Andrea (Chicoana) que modifica dos artículos del Código Procesal Penal de la provincia (ley 7690) y uno de la ley de Jurado de Enjuiciamiento (ley 7138). Las modificaciones, referidas a los fueros de legisladores, magistrados y funcionarios, buscan reafirmar que pueden ser investigados penalmente, una disposición ya contemplada en la normativa vigente.
La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento, parece ser una respuesta al creciente descontento social, aunque ratifica lo que ya está establecido: ningún funcionario público con fueros está exento de ser investigado penalmente. Así lo destacó en la sesión el senador Walter Wayar (Cachi, bloque Todos), quien señaló que «nunca hubo privilegios ni impunidad para ningún ciudadano que cometiera un delito».
Al presentar el proyecto, D’Andrea expresó que «es una ley que viene a llevar claridad». El objetivo, según aseguró, es garantizar que toda la comunidad tenga la certeza de que magistrados, funcionarios provinciales o legisladores «tendrán absolutamente el mismo tratamiento ante la ley» que cualquier otra persona.
Por su parte, Wayar explicó que este proyecto de ley se volvió necesario debido a las diversas interpretaciones de los jueces, que en ocasiones provocaron demoras en los procesos. No obstante, recordó que los fueros tienen un fundamento constitucional: «Son garantías para desempeñar la función con total libertad, sin coacciones ni presiones».
La visión de los constitucionalistas
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proyecto busca disminuir la percepción de desigualdad con la ciudadanía, dado que los fueros muchas veces se interpretan como privilegios de castas. Sin embargo, aclaró que los fueros no son privilegios, sino prerrogativas que garantizan el desempeño del legislador, como la inmunidad de opinión o de arresto. Destacó además que el proyecto se asemeja a la Ley Nacional 25.320, que regula los fueros a nivel federal. Según explicó, el fiscal puede avanzar en todos los actos procesales y solo requerir el desafuero si considera necesaria la detención de la persona investigada.
Por otro lado, el abogado Omar Carranza recordó que los fueros tienen su origen en la Edad Media, cuando los varones del reino gozaban de garantías frente al poder del monarca. Este concepto se trasladó a la actualidad, aunque el término «privilegios», según Carranza, debería ser reemplazado por «prerrogativas», una palabra más acorde con su función en el sistema democrático.
Con esta media sanción, el proyecto avanza con la intención de clarificar y ratificar el tratamiento igualitario ante la ley para todos los ciudadanos, independientemente de los fueros que ostenten.
