Este jueves, a las 8 de la mañana, la Ruta 71 se pobló con una caravana de vehículos federales. Camionetas identificadas con la Policía Federal y la Gendarmería, vehículos blindados, camionetas sin identificación y con vidrios polarizados, y camiones de bomberos formaban parte del despliegue. En total, tres centenares de miembros de las fuerzas de seguridad iban en su interior.
En un alarde de prepotencia, la ministra Patricia Bullrich desembarcó de un helicóptero, generando un espectáculo circense. Todo el operativo fue registrado en video por el Ministerio y las fuerzas policiales para luego ser difundido en los medios.
Esperaban una violenta reacción de la comunidad Lof Pailako, pero se quedaron con las ganas de golpear o disparar contra mujeres y jóvenes mapuches. Los integrantes de la comunidad evitaron caer en las provocaciones.
La ministra, en todo momento, estuvo acompañada por el gobernador Ignacio Torres. Posteriormente, realizó declaraciones a la prensa con el tono belicoso, racista y antiderechos al que nos tiene acostumbrados:
“El que usurpa pierde su derecho a tener tierras”, arrancó diciendo, dejando claro que los pueblos originarios son parte de sus enemigos, junto a las organizaciones sociales, los jubilados y los sectores combativos. Enfrascada en su relato, añadió: “Una cosa es negociar un principio que está en nuestra Constitución Nacional, y otra es esta situación en la que avanzaban con violencia, usurpando, incendiando, cerrando caminos y cobrando peajes”.
La “negociación” que menciona Bullrich se desarrolló entre un grupo de mujeres mapuches con sus hijos en brazos y la ministra, flanqueada por la infantería. La sola presencia de ese despliegue genera impotencia, porque quienes han incendiado y cerrado caminos en el Sur son los amigos terratenientes del poder: los Lewis, los Benetton y toda la oligarquía que, desde hace 200 años, usurpa tierras.
Los verdaderos usurpadores
Lo que está haciendo el pueblo mapuche, a través de distintas comunidades, es reclamar tierras ancestrales, territorios donde han vivido desde mucho antes de la creación del Estado argentino. Muchos de esos territorios les fueron arrebatados a sable y pólvora, dejando la huella imborrable del genocidio perpetrado por Julio Argentino Roca.
Esta es la única usurpación histórica: la realizada contra los pueblos preexistentes al Estado. Una apropiación que continuó luego contra colonos, campesinos y la naciente clase trabajadora.
5 datos que desmienten el discurso de Bullrich:
- Chubut fue una de las tierras repartidas por la “ley de premios militares” de 1885, que distribuyó 5 millones de hectáreas entre 400 personas.
- Las masacres del ejército fueron reemplazadas por otros métodos menos escandalosos, como la venta a precio vil de tierras públicas por parte de funcionarios municipales, provinciales y nacionales, documentada en numerosas ocasiones.
- Las leyes estatales impiden que la propiedad extranjera supere el 5% del total, pero en Chubut esa proporción es meramente formal. En localidades estratégicas, ese límite se supera, y cuando no, aparecen testaferros.
- Durante décadas, la concentración de tierras benefició a oligarcas como los Menéndez (750 mil hectáreas en Chubut-Santa Cruz), los Ocha Paz (180 mil hectáreas en Chubut), los ingleses Halliday-Mc Call (120 mil hectáreas), y otros.
- El Grupo Benetton opera con 900 mil hectáreas entre Santa Cruz y Chubut, territorio donde su accionar desató la represión y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Además de la oligarquía tradicional, el saqueo ahora incluye negocios capitalistas como el petróleo (PAE), la minería (Cerro Dragón) y otros rubros. Estos grupos consiguieron sus tierras a fuerza de genocidios y masacres, incluidas las de la “Patagonia Rebelde”.
Una política de Estado cargada de amenazas
El gobierno de Javier Milei fue el único que votó en contra de los derechos de los pueblos originarios en la ONU, en un hecho que tuvo repercusión internacional. Además, hace pocos días, anuló por decreto la Ley 26.160, que impedía los desalojos de comunidades originarias. Esta norma declaraba la emergencia territorial de dichas comunidades y suspendía los desalojos judiciales y administrativos.
Bullrich, envalentonada, advirtió: “Estos grupos deben entender que, de ahora en más, el que usurpa pierde derechos”, presentándose como una comandante del ejército oligárquico que decide sobre territorios. Antes, los negocios giraban en torno al trigo y la ganadería; ahora, el petróleo y el litio son el botín.
Por Lucho Aguilar (@Lucho_Aguilar2)
