A la Corte no le es indiferente que se active el mecanismo de remoción, aunque la oposición la defienda y que parezca que el jury no prosperará; también revela un mensaje de Lorenzetti contra Rosatti y su intención de diferenciarse en el escenario actual.
El pedido de juicio político del oficialismo con 15 firmas (hay otros cinco) incluye a todos los supremos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, además Maqueda y Lorenzetti. La guerra del último con el resto creció después que se vio impedido de volver a la presidencia del tribunal, cuando se autovotaron Rosatti y Rosenkrantz, ambos elegidos por Mauricio Macri.
Se había iniciado en 2018, cuando tras 11 años de poderío fue destronado por ese dúo al que luego se sumaría Maqueda. Ese trío hoy manda. Tres votos hacen un fallo. Según ciertas lecturas, Lorenzetti hace su juego para zafar del jury.
Todos serán citados por la Comisión de Juicio político si avanza la acusación. También llamaría a testigos —como el ministro de licencia Marcelo D’Alessandro y el vocero de Rosatti, Silvio Robles— y puede hasta secuestrar teléfonos con intervención judicial y pedir entrecruzamientos de llamadas, según confirmó la presidenta de ese cuerpo, la diputada oficialista Carolina Gaillard. Los denunciantes, antes, deberán ratificar sus planteos. Eso incluye a diputados de la Coalición Cívica que habían denunciado sólo a Lorenzetti. Será un desafío, dado que exponentes opositores dicen que no quieren ningún juicio político a la Corte y que si avanza no votarán otros proyectos.
El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau usó también Twitter: “La oposición está en onda delirio. Dicen que el juicio político a la CSJ (la Corte) afecta la marcha de la economía pero paralelamente anuncia que van a bloquear el tratamiento de leyes como la de blanqueo, promoción agroindustrial, desarrollo del sector tecnológico y la regularización previsional”.
Antes, el macrista Pablo Tonelli, había dicho que la oposición debía ir a la comisión de juicio político para interceder en las pruebas aunque no quiera el juicio. Dijo que el oficialismo apuesta a “desprestigiar” a los supremos “para provocar la renuncia de alguno”. Esto abre un interrogante: ¿Se estará cocinando algún acuerdo?
La disputa económica reaparece ahora en el pedido de juicio político, que se hace eco del reclamo de gobernadores frente a la decisión de los supremos de otorgar, dos años tarde, una cautelar (supuesta medida urgente) a Horacio Rodríguez Larreta para que el Estado Nacional le entregue más fondos coparticipables para seguridad.
Luego se conocieron los chats de D’Alessandro con el colaborador de Rosatti, donde hablan de esa causa y el ministro intercambia ideas para una estrategia favorable a Juntos por el Cambio en la puja por el Consejo de la Magistratura. Ahí, otro punto del jury: el fallo que obligó a desarmar ese organismo que elige y sanciona jueces/zas y que Rosatti quedara como su presidente con una integración de 20 miembros usando una ley derogada.
Las/los diputadas/os denunciantes plantean que la Corte se arroga funciones del Ejecutivo y del Legislativo. En el caso del Consejo es evidente que todo apuntó a paralizarlo, a mantener casilleros judiciales ocupados por designaciones irregulares del macrismo y vacantes para que subroguen los amigos. La denuncia incluyó el 2×1 a favor de los genocidas y los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial.
“Dicen que la batalla está perdida, pero no se puede dejar de darla. El Poder Judicial hoy es protagonista de golpes de Estado, así como el poder económico. Aparecen militares, como en Brasil, pero dirige el Poder Judicial. La reacción debe ser el juicio político y que por lo menos se inicie un desgaste. La mayoría automática tenía personas de muy bajo nivel, no tanto los que enjuiciamos, Moliné y Boggiano. Ahora estamos frente a cuatro personas con nivel académico que expresan a un sector importante del poder y lo protegen. Pero el solo hecho de haber aceptado, dos de ellos (Rosatti y Rosenkrantz), ser nombrados por decreto, debería ser motivo de remoción. Lo mismo, haber repuesto una ley derogada del Consejo que comande Rosatti. Es de gravedad institucional”, dice.
Raúl Zaffaroni, quien ingresó a la Corte Suprema con Kirchner, sostuvo que aunque es posible que “no avance ahora el juicio porque no tiene los votos, es útil porque visibiliza ante la opinión el daño que hace esta Corte. Generará mayor consciencia de que algo hay que hacer con el Poder judicial. Esta consciencia determinará que la política se ponga a pensar qué hacer. Eso lo tendría que haber hecho antes y no esperar la catástrofe, pero mejor tarde que nunca”.
En alusión a los supremos cuestionados reflexiona: “No se trata de los cuatro jinetes del apocalipsis jurídico sino de la institución misma. Sería bueno que todos los políticos se pregunten: ¿Qué otra Corte hay en el mundo con cuatro jueces? ¿Qué otro país con códigos únicos no tiene casación nacional? ¿Qué otro país con control constitucional no hace que la jurisprudencia suprema sea obligatoria para todos sus jueces? ¿Qué otro país tiene una Corte que declara nula toda sentencia “arbitraria” sin que la Constitución Nacional la autorice? ¿A qué modelo de judicial se parece o responde el de la Argentina? A las cuatro primeras preguntas las respuesta es “ninguno”, y a la quinta “a ninguno”. Creo que es momento de ponerse a pensar”.
