Durante el programa Convicciones Políticas, conducido por Roberto Chuchuy, en FM La Cigarra 96.7 Mhz, el periodista se refirió a los diferentes actores que facilitaron mediante diversas actitudes, el terrorismo de Estado en la Argentina, y fundamentalmente en la provincia de Salta.
EDITORIAL
La dictadura implementó una feroz represión dictatorial para disciplinar a la sociedad. En la provincia de Salta, tanto la Iglesia, como los empresarios, el Colegio de Abogados, los conservadores, y los diarios, apoyaron el golpe del 76. Hoy se cumplen 47 años de ese nefasto día.
En Salta el plan se ejecutó al igual que a lo largo y ancho del país. El objetivo era aplastar el sistema democrático, acallar los movimientos y partidos de raigambre popular, copar los sindicatos y las universidades, etc. Los militares y quienes lo apoyaron buscaban acallar las voces opositoras, una nueva entrega del país a los mandatos de los Estados Unidos y sus aliados, como ocurrió en otros países de la región, mediante el Plan Cóndor.
El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se aliaron empujados por cómplices internos, como fueron sectores empresarios, la Iglesia, dirigentes conservadores, liberales, también ciertos medios de comunicación y la antipatria en conjunto.
El panorama de 1976 y lo que sucedió posteriormente en esa etapa fue descrito por los docentes Gabriela Sánchez y Federico Carrizo, de la Universidad Nacional de Salta, que presentaron un trabajo en 2005 denominado «Haciendo Memoria, el Golpe Militar de 1976 en Salta», durante las X Jornadas de Historia en la Universidad Nacional de Rosario.
Producido el golpe de estado, las provincias fueron repartidas a los integrantes de las tres Fuerzas Armadas; a Salta le correspondió ser gobernada y administrada por la Marina, durante el proceso militar se sucedieron tres interventores militares y uno civil. El primer interventor fue el coronel de caballería Carlos A Muhall «durante el gobierno de Gadea (22 del 4 del 76 al 19 del 4 del 77) se cometieron la mayor parte de los asesinatos desapariciones, torturas y la Masacre de Palomitas».
A Gadea lo sucedió Roberto Augusto Ulloa, desde el 19 de abril de 1977 al 22 de febrero del 1983, fecha en que renuncia -debido a que la dictadura militar comenzó a mostrar sus fracasos, después de la derrota sufrida en la Guerra de Malvinas 1982- para formar el Partido Renovador de Salta, y es reemplazado por el contador José E. Plaza, quien entrega el mandato a Roberto Romero elegido gobernador en las elecciones constitucionales del 30 de octubre de 1983 en todo el país.
Cuando asume el jefe de la guarnición del Ejercito Salta, Carlos A. Muhall, inicia un operativo para secuestrar y detener a dirigentes políticos estudiantiles, gremiales y sociales.
Se prohibieron todas las actividades políticas, gremiales, sociales y culturales como así también se aplicó una estricta censura al periodismo. «El 25 de marzo apareció en los diarios un teléfono para denuncias, que era el club 20 de febrero y años después, antes del retorno de la democracia, el teléfono era del Partido Renovador (…) los uniformados fueron puestos al frente de todos los organismos del estado y los gremios, centros educativos, y concurrían a los lugares de trabajos ostentosamente armados (…)».
La asunción de Mulhall estuvo acompañada por el ex arzobispo de Salta Monseñor Carlos Mariano Pérez y el ex Juez Federal de Salta Ricardo Lona, además recibió adhesiones de los empresarios salteños nucleados en las diferentes Cámaras Empresariales, el 27 de marzo de 1976, la Unión de Entidades Empresarias Salteñas firmaba una solicitada donde exteriorizaban públicamente su apoyo a las fuerzas armadas, este comunicado manifestaba lo siguiente: «la presencia de la FF.AA en el gobierno garantiza el mantenimiento de esas condiciones de vida fundamentales para poder desarrollar al máximo la capacidad productiva del empresariado salteño, que desde ya asume el compromiso de ponerse al servicio de los altos intereses de Salta y del país «
La Unión de Entidades Empresarias Salteñas estaba integrada por la Sociedad Rural Salteña, la Cámara de Comercio e Industria, Cámara de la Minería, Cámara del Tabaco, Cámara Hotelera, Cámara de la Construcción, Cámara de Autotransporte de carga, Asociación de productores de frutas y hortalizas de Salta, entre otras.
Como así también el Colegio de Abogados se pronunció a favor del golpe militar afirmando que «acude a la convocatoria del gobierno militar con la convicción de estar realmente en la senda de la recuperación».
Todos saludaron al nuevo gobierno y se comprometieron a colaborar con «el Proceso de Reorganización Nacional», de modo que hubo una connivencia entre representantes de la justicia, poder político, poder económico y poder religioso.
Este último se manifestó a través de una homilía a cargo del Monseñor Raúl Casado el día 29 de marzo de 1976, donde sostuvo «queremos la patria grande que no se identifica con personas, instituciones, ni sectores, la patria grande trasciende nuestras pequeñeces (…) nadie puede sentirse excluido de este proyecto, los hombres nos vamos a unir en valores superiores uno de los cuales es la fe (…) es necesario obtener la tranquilidad y el orden».
Apenas asumido el gobierno militar se dispuso mediante diferentes decretos la intervención a todos los organismos públicos.
En la Universidad Nacional de Salta se produjo la desaparición de 15 ciudadanos, entre docentes, estudiantes y personal de apoyo administrativo
El poder judicial fue intervenido y los jueces fueron reemplazados por abogados cercanos a la dictadura y se estableció un férreo control en emisoras radiales, y se impuso «custodia intelectual»
El 25 de marzo de 1976 el gobierno militar dispuso pautas para la actividad periodística, «el gobierno de las FF.AA. en una clara interpretación del sentir nacional entiende que la ideología marxista- leninista en todas sus formas y variantes es contraria a los intereses argentinos, consecuentemente se establece desde un principio que no existe libertad alguna para su expresión abierta o encubierta en cualquier forma».
Para ello, las FF.AA. elaboraron una serie de patrones que los medios de comunicación debían respetar, como el de » hacer conocer que la información relativa al proceso político económico, social y militar durante un tiempo prudencial, será canalizada por la secretaría de prensa de la intervención militar, para evitar eventuales deformaciones».
Forzado por la intervención militar, el periódico «El Intransigente», fue puesto bajo custodia intelectual -si bien inicialmente avaló el golpe, posteriormente fue clausurado.
También hubo notas en El Tribuno que adherían al proceso. Por lo tanto, podemos afirmar que en la provincia de Salta se aplicó, al igual que en todo el país, la misma metodología represiva y control militar de toda la sociedad civil.
Horror en Palomitas
La Masacre de Palomitas fue uno de los peores crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Argentina. Fue el 6 de julio de 1976 que personal del Ejército retiró del penal de Villa Las Rosas a 11 detenidos. Se cumplió la orden del entonces coronal Muhall y en Palomitas -a 50 km de la Capital salteña- fueron ejecutados. Tras la ejecución fraguaron que se trató de un enfrentamiento.
En el comunicado de Muhall a la justicia federal, fechado el 11 de julio de 1976, se detalla la «nómina del personal subversivo muerto y prófugo».
