La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia en la causa “Vialidad”, derivada del juicio iniciado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2. Esta decisión ratifica la inhabilitación especial de Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos. La exmandataria ya ha anunciado que apelará ante la Corte Suprema, buscando la revisión del fallo.
La resolución de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, —considerados cercanos a Mauricio Macri— declaró culpable a Fernández de Kirchner por el direccionamiento de contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.
Aunque Fernández fue absuelta de la acusación de “asociación ilícita”, el fallo de Casación, con dos votos contra uno, sostiene la condena por defraudación en la administración pública a través del direccionamiento de contratos en la provincia de Santa Cruz.
La defensa de Fernández había solicitado su absolución de todos los cargos, mientras que los fiscales pidieron una condena mayor, incluyendo el delito de asociación ilícita, que elevaría la pena a 12 años de prisión.
El fallo
La Cámara rechazó algunos recursos interpuestos por las defensas y la Fiscalía de Cámara, y desestimó planteos de nulidad del proceso. Luego, el juez Hornos leyó el fallo, declarando: “Condenar a Cristina a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos” como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Arbitrariedad judicial
El juicio “Vialidad” evidenció irregularidades en la administración y licitación de obra pública, un fenómeno que se da en gobiernos capitalistas en general. Sin embargo, el proceso mostró arbitrariedades de los fiscales y jueces federales, quienes, con vínculos con el macrismo y apoyo de grandes medios, buscan utilizar las acusaciones de corrupción como herramientas de persecución política.
La publicidad y el número de causas contra exfuncionarios del kirchnerismo contrastan con los casos de corrupción y espionaje del gobierno de Macri, que suelen cerrarse rápidamente. Un ejemplo es la absolución de Julio de Vido, quien fue subordinado de Cristina y José López, pero él no recibió condena.
Además, el uso de la figura de “asociación ilícita” suele emplearse contra organizaciones sociales, trabajadores y opositores. No obstante, la decisión de Casación aún no está “firme”; Fernández de Kirchner no debería quedar detenida ni inhabilitada hasta que la Corte Suprema decida su situación. Eventualmente, la expresidenta podría recibir prisión domiciliaria, dado que es mayor de 70 años, y si vuelve a ser elegida para un cargo legislativo, los fueros podrían impedir su detención sin desafuero del Congreso. En este contexto, el proyecto de “ficha limpia” impulsado por el PRO, que se encuentra en debate, podría, si es aprobado, impedir su candidatura.
Antes de la sentencia de Casación, Fernández publicó una carta titulada Los Copitos de Comodoro Py, donde denunció parcialidad judicial y persecución política. Además, anunció su participación en un acto en Santiago del Estero por el Día de la Militancia Peronista, donde se espera que hable sobre su situación judicial.
Solidaridad internacional
Más de 250 líderes y exlíderes mundiales expresaron este miércoles su solidaridad hacia Cristina Fernández de Kirchner tras la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación, denunciando que se trata de una práctica de “lawfare” destinada a proscribirla e instalar discursos de odio. “Expresamos nuestro absoluto rechazo a la persecución política, mediática y judicial contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner”, reza la carta firmada por líderes como Xiomara Castro (Honduras) y Luis Arce (Bolivia), además de expresidentes como Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras).
Los firmantes señalaron que la causa es parte de un plan sistemático de persecución articulado por sectores políticos, mediáticos y judiciales. En su declaración, advirtieron: “La consecuencia más dramática fue el intento de magnicidio el 1° de septiembre de 2022”. Concluyeron condenando la “persecución judicial y proscripción política” a la que está siendo sometida la expresidenta.
