Alejandro Domingo D’Agostino fue el piloto del avión desde el cual fueron arrojadas al río las Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y otros familiares y militantes de derechos humanos. Hoy, se pasea impunemente, aun cuando en 2024 violó su prisión domiciliaria en varias oportunidades, sin autorización. Ante el pedido de revocación de este beneficio, el tribunal oral, y luego la Cámara de Casación, permitieron que mantuviera la «domiciliaria». Obvio, son de la misma casta.
Entre las víctimas se encontraban las Madres Azucena Villaflor, María Ponce y Esther Ballestrino de Careaga, así como las monjas Léonie Duquet y Alice Domon. La detención de D’Agostino fue posible gracias a la delación de un infiltrado: el mismo que organizó hace unos meses “la visita a Ezeiza”, el genocida de la Armada Alfredo Astiz. La delegación del gobierno que acudió al penal con la intención de avanzar en la impunidad de los genocidas creyó que sería aplaudida, que se convertiría en heroica, pero terminó rechazada y repudiada.
En su testimonio, Nora Cortiñas relató, en el marco del juicio por la causa ESMA en 2010, cómo “hacia junio o julio de 1977 apareció un hombre joven, que tendría la edad de nuestros hijos, apuesto y muy deportivo. Decía que era hermano de un desaparecido y que quería compartir su testimonio. Caminaba entre nosotras, nos tomaba del brazo, y éramos muy ingenuas…”. Ese hombre resultó ser el marino infiltrado Alfredo Astiz.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei ha impuesto un paquete de medidas que favorecen la impunidad de los represores: despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, una reducción drástica de salarios, el vaciamiento de los espacios de memoria y la permanencia de beneficios judiciales para represores condenados.
Estas políticas implican más de 2.400 puestos de trabajo y familias en la calle, una reducción del 50% de los salarios, y el desmantelamiento casi total de la Secretaría de Derechos Humanos, así como de áreas fundamentales, como los espacios de memoria y las iniciativas específicas sobre crímenes de lesa humanidad.
Los despidos masivos han afectado gravemente a los abogados querellantes en juicios de lesa humanidad, dejando a provincias sin representación y poniendo en riesgo numerosas causas judiciales. En la Justicia Federal, donde se respeta el principio acusatorio, la ausencia de acusación por parte de la fiscalía implica la falta de condenas. Por ejemplo, la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba denunció que, con el despido de los abogados que integraban las querellas, esas causas quedarán, en su mayoría, sin patrocinio.
En pocos días, dos eventos masivos –el Abrazo a la ESMA y el festival del pasado sábado– demostraron que existe fuerza y experiencia acumulada. Distintas generaciones, trabajadores de la Secretaría, organizaciones políticas, sociales y sindicales, asambleas barriales y centros de estudiantes se congregaron para resistir de manera colectiva.
No debemos olvidar que el gran movimiento democrático de nuestro país –reconocido a nivel mundial– surgió gracias a la valentía de un puñado de Madres reunidas en Plaza de Mayo en plena dictadura. Desde entonces, se fue ampliando durante las décadas de 1980 y 1990, con la incorporación de trabajadores, estudiantes, profesionales, sectores de la cultura y organizaciones democráticas y de izquierda, conformando un movimiento amplio que luchó en las calles contra la represión estatal y la impunidad, tanto pasada como presente.
Hoy, la tarea del momento es construir un gran frente de lucha, rodear de solidaridad a los trabajadores despedidos, convocar al apoyo nacional e internacional en defensa de los derechos humanos en la Argentina y organizar la resistencia de manera democrática, junto a todos los sectores que ya se manifestaron en el festival.
