Un día como hoy, 24 de febrero de 1946, Con el Partido Laborista, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Nación, acompañado por Hortensio Quijano, de origen radical, para iniciar un largo proceso en favor del campo nacional y popular, un modelo que hasta hoy sigue siendo combatido por la derecha argentina.
Nada de esto hubiera sido posible sin la activa y revolucionaria labor de Evita Perón, quien, desde el Ministerio de Acción Social, dejó un legado sin precedentes en materia de ayuda social en una Argentina empobrecida y con hambre. Paralelamente, la política laboral impulsada por Juan Perón, organizada a través de la CGT, garantizó derechos para los trabajadores y consolidó un modelo de justicia social.
Sin embargo, la derecha argentina, representada por el poder eclesiástico, las fuerzas militares y las oligarquías terratenientes, terminó con el gobierno popular el 16 de septiembre de 1955, luego de dos atentados previos: el 15 de abril de 1953 y el 16 de junio de 1955, cuando un ataque aéreo en la Plaza de Mayo intentó asesinar al presidente Juan Domingo Perón, dejando un saldo de 394 muertos. Finalmente, el golpe de Estado del 16 de septiembre derrocó al gobierno constitucional, lo que fue celebrado por las oligarquías en todo el país.
La Constitución de 1949 y su derogación
Un tema recurrente en el relato de la época es la necesidad de restablecer la Constitución de 1949, derogada ilegalmente por la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu, bautizada como «Revolución Libertadora» por quienes celebraron el bombardeo a la Plaza de Mayo. La restitución de esta Constitución era clave para recuperar el Estado de derecho, un objetivo que incluso el propio Perón intentó retomar en 1973, aunque nunca se concretó.
“Los planes económicos de la denominada ‘Revolución Libertadora’ chocaban con la Constitución de 1949, por lo que se hizo imprescindible volver a la de 1853«, sostuvieron sus impulsores.
El cambio político también implicó un giro en la política social y económica. Los sectores dominantes volvían a controlar el Estado, desmantelando las conquistas laborales y sociales del peronismo.
En 1954, la participación de los asalariados en la renta nacional superaba el 50% (el famoso fifty-fifty promovido por Perón, que solo volvería a lograrse durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner). Revertir esta distribución favorable al trabajo fue uno de los objetivos del establishment que impulsó el golpe de 1955. Para ello, derogar la Constitución de 1949 era un paso clave.
El plan Prebisch y el inicio del ajuste estructural
La hoja de ruta económica de los golpistas estuvo marcada por el Plan Prebisch, elaborado por Raúl Prebisch, entonces secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Este plan rechazaba la intervención estatal y proponía la liberalización de la economía, lo que implicaba:
- Ajuste estructural
- Endeudamiento crónico
- Ingreso de Argentina al FMI (1956)
- Transferencia de ingresos al sector agroexportador
- Eliminación de controles de precios
- Desregulación de exportaciones
- Congelamiento de salarios
Paradójicamente, el propio informe de Prebisch reconocía que, antes de 1946, los salarios en Argentina eran demasiado bajos en comparación con los países desarrollados, y que el aumento logrado en los gobiernos peronistas representaba un progreso social evidente. Sin embargo, para los sectores dominantes, ese «lujo» no era sostenible.
Décadas más tarde, el economista Javier González Fraga expresó la misma idea con brutal honestidad:
«Le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso era una ilusión. Eso no era normal.»
Una frase que sintetiza la histórica lucha de clases en Argentina.
La crisis imaginaria y el ajuste perpetuo
Desde la Revolución Libertadora hasta la actualidad, la derecha ha utilizado crisis ficticias como excusa para implementar ajustes brutales. Mauricio Macri, por ejemplo, afirmó que en 2015 recibió un país en crisis, aunque esa crisis no era visible para la mayoría.
En marzo de 2023, Alejandro Bulgheroni, uno de los empresarios más ricos del país, sostuvo que «de esta crisis no se sale sin dolor», repitiendo la retórica del sacrificio que siempre recae sobre las mayorías populares.
Por su parte, el actual presidente Javier Milei justificó el ajuste con una cifra ficticia:
«Nos dejaron una inflación plantada del 15.000% anual… evitar esa catástrofe es nuestra máxima prioridad.»
Sin embargo, la inflación anual más alta de la historia argentina fue en 1989, con un 4.923%, según datos del Banco Central.
Ajuste para los de abajo, privilegios para los de arriba
Las crisis «imaginarias» siempre preceden a medidas de ajuste que afectan a los trabajadores y benefician a los más ricos. La Argentina parece ser un país donde los ricos son demasiado pobres para pagar impuestos, pero los pobres y la clase media son lo suficientemente ricos como para ser empobrecidos aún más.
En definitiva, la historia del país muestra que el ajuste nunca es para todos. Mientras el sacrificio se impone sobre la mayoría, los mismos sectores de poder continúan enriqueciéndose a costa de los trabajadores.
