Durante la ronda de consultas en el Senado, representantes del Colegio de Abogados y del Colegio de Magistrados avalaron los lineamientos generales de la reforma del Código Procesal Penal, destacando su contribución a la oralidad, la transparencia y la eficiencia. También realizaron observaciones sobre el plazo de prisión preventiva y la revisión horizontal de recursos.
En el marco de la ronda de consultas convocada por la Comisión de Legislación General del Senado, representantes del Colegio de Abogados y del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Salta manifestaron su respaldo a la reforma del Código Procesal Penal, subrayando que su implementación fortalecerá la transparencia, la oralidad y la agilidad de los procesos judiciales.
El encuentro, encabezado por el presidente de la Comisión, senador Javier Mónico, contó con la participación de los senadores Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Diego Cari, Enrique Cornejo, Gonzalo Caro Dávalos, Manuel Pailler, Dani Nolasco, Leopoldo Salva, Gustavo Carrizo, Leonor Minetti, Miguel Calabró y Sergio Saldaño.
Por el Colegio de Magistrados asistieron su presidenta, Virginia Solórzano, la vicepresidenta Gabriela Buabse y el secretario general Eduardo Barrionuevo. En tanto, el Colegio de Abogados estuvo representado por su titular, Trinidad Arias Villegas, acompañada por los letrados Matías Adet, Alejandro Pomares, Horacio Morales y Nicolás Arandia.
Ambas instituciones coincidieron en valorar positivamente los objetivos generales del proyecto, señalando que “la reforma del Código Procesal Penal afirma la oralidad, la transparencia y la eficiencia de los procesos judiciales, contribuyendo a que la justicia sea percibida como más cercana y equitativa”.
No obstante, realizaron aportes técnicos sobre dos artículos del proyecto:
Plazo de prisión preventiva (Artículo 275): El Colegio de Magistrados consideró insuficiente el plazo de tres días propuesto y sugirió extenderlo a diez, mientras que el Colegio de Abogados sostuvo que la reducción a tres días es razonable, dado que actualmente es de quince y en el fuero federal se redujo a veinticuatro horas.
Revisión horizontal de recursos (Artículo 45): Ambas entidades coincidieron en rechazar esta figura, advirtiendo que podría generar incertidumbre operativa y afectar garantías procesales, especialmente en distritos con pocos jueces de garantías. En este sentido, destacaron que el Tribunal de Impugnación de Salta, con doce miembros, cumple adecuadamente la función revisora.
Entre otros puntos, se planteó la necesidad de definir con precisión los plazos procesales —en días hábiles o corridos—, avalar el uso de audiencias remotas en determinados contextos, establecer los tiempos de conservación de la evidencia digital y optimizar la gestión de la futura Oficina Judicial.
Al cierre de la reunión, el senador Mónico destacó el aporte técnico de los colegios profesionales y anticipó la culminación de la ronda de consultas con la participación de autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público. “Queremos que la sociedad sienta que la justicia es más cercana, más ágil y se aplica con más equidad”, afirmó.
La reforma del Código Procesal Penal marca el paso definitivo hacia un sistema acusatorio y adversarial, donde el Ministerio Público Fiscal concentra la investigación y acusación, mientras que los jueces se abocan exclusivamente al juzgamiento. La iniciativa busca consolidar audiencias públicas, acotar plazos según la complejidad de las causas y modernizar los mecanismos de investigación, garantizando así una justicia más eficiente, transparente y accesible para la ciudadanía.
