La Cámara de Diputados aprobó en forma definitiva el proyecto que regula la actividad de los profesionales en formación. Entre las medidas se destacan la eliminación de penalidades económicas, la regulación de las concurrencias y la posibilidad de realizar residencias en el ámbito privado.
En la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta dio sanción definitiva al proyecto de ley que regula el Sistema de Residencias de Salud, una medida que busca modernizar y ordenar el marco legal que rige la formación de profesionales sanitarios en la provincia.
La diputada Laura Cartuccia destacó que las modificaciones incorporadas por el Senado “abordan y dan respuesta a los temas más debatidos entre los distintos Colegios de especialistas”. En ese sentido, subrayó que se corrigió una confusión histórica respecto a los certificados que otorga el Estado al finalizar la residencia. “En la norma se deja en claro que el certificado de especialización debe ser otorgado por los Colegios profesionales”, explicó.
Otro de los puntos centrales del texto aprobado es la eliminación de la penalidad económica del 100% que recaía sobre quienes renunciaban durante el primer año de su residencia. Según Cartuccia, a partir de ahora “los casos serán evaluados por los Colegios, que podrán considerar las circunstancias personales del residente antes de aplicar sanciones”.
La legisladora también hizo hincapié en la necesidad de regular el régimen de concurrencias, modalidad que, con el tiempo, se había transformado en “una forma de trabajo gratuito velado, donde el Estado recibía mano de obra sin la obligación de remunerar el trabajo”.
Asimismo, el proyecto habilita la posibilidad de realizar residencias en el ámbito privado, mediante la firma de convenios entre el Ministerio de Salud y las instituciones correspondientes. “El texto que vino modificado del Senado quizás es más acotado, pero al establecer estas regulaciones sigue manteniendo el espíritu del proyecto original”, concluyó Cartuccia.
El proyecto aprobado fue girado al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.
