A través de una resolución oficial, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció nuevos requisitos para las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad. Todos los titulares que no cumplan con las condiciones serán dados de baja a partir de febrero de 2025.
El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 187/2025 publicada en el Boletín Oficial, dispuso la modificación del Decreto Reglamentario N° 432/1997, endureciendo las condiciones para acceder a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida, anunciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), apunta a auditar y depurar el padrón de beneficiarios en todo el país.
De acuerdo con la normativa, solo podrán mantener la pensión aquellos titulares que acrediten una incapacidad laboral del 66% o más mediante un Certificado Médico Oficial (CMO), tengan hasta 65 años, sean ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia mínima de 10 años en el país y no perciban ningún otro tipo de jubilación o pensión. En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deberán superar las cuatro jubilaciones mínimas (1,2 millones de pesos).
El incumplimiento de estas condiciones resultará en la baja automática del beneficio, que ya comenzó a implementarse en algunas provincias. En Chaco, por ejemplo, una auditoría reciente reveló que el 66,79% de los titulares no cumplían con los requisitos, lo que derivó en la suspensión de miles de pensiones.
La ANDIS ha anunciado que esta auditoría será ampliada al resto del país, con el objetivo de detectar y corregir irregularidades en la asignación de estas prestaciones. Según fuentes oficiales, los resultados preliminares han sido «alarmantes», evidenciando casos de fraude y diagnósticos médicos cuestionables.
El nuevo reglamento enfatiza la necesidad de presentar documentación actualizada y avalada por profesionales médicos de establecimientos oficiales. «El cumplimiento estricto de estas condiciones es esencial para garantizar la transparencia en la distribución de los recursos del Estado», declararon desde la ANDIS.
La medida forma parte de un plan de austeridad impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca reducir el gasto público y garantizar que las ayudas sociales lleguen solo a quienes realmente las necesitan. Sin embargo, esta decisión ha generado críticas entre organizaciones sociales, que advierten sobre el impacto negativo que podría tener en las personas con discapacidad más vulnerables.
Las autoridades instaron a los beneficiarios a actualizar su documentación y cumplir con los nuevos requisitos antes de la fecha límite para evitar la suspensión de sus haberes.
