El fuerte ajuste tarifario del Gobierno nacional multiplicó por seis el costo de la canasta de servicios públicos y golpea especialmente a la clase media y a los jubilados.
El panorama económico de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cambió drásticamente desde diciembre de 2023. En apenas 22 meses, los aumentos acumulados en gas, electricidad y agua alcanzaron el 514%, de acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).
Esto significa que un hogar de clase media que destinaba 50 mil pesos mensuales al pago de servicios básicos en noviembre de 2023 hoy debe desembolsar cerca de 300 mil pesos. La situación explica el creciente deterioro del poder adquisitivo de los sectores medios, que destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos a cubrir necesidades esenciales.
Mientras las tarifas se dispararon, los subsidios estatales cayeron un 46% respecto del año anterior, totalizando 6 billones de pesos en lo que va de 2025. El recorte forma parte de la política de “sinceramiento” de precios impulsada por el Gobierno, que busca reducir el déficit fiscal.
Según el relevamiento, el servicio de agua se incrementó 376%, la electricidad 228%, el gas natural 913% y el transporte 852%. La mayoría de esos aumentos se concentraron durante el primer año de gestión de Javier Milei.
A pesar de la magnitud del ajuste, el informe señala una desaceleración durante 2025: la canasta de servicios públicos subió 21% hasta octubre, mientras la inflación acumulada fue de 24%. En comparación con el mismo mes de 2024, el incremento fue de 26%, por debajo del índice general de precios (31%).
El impacto del ajuste es desigual. En barrios populares, donde el servicio de electricidad se distribuye a través de grandes medidores comunitarios, el Estado provincial o la Ciudad cubren el costo total ante las distribuidoras —como Edesur, Edenor, Metrogas o Naturgy—. En cambio, los jubilados propietarios y los hogares de clase media afrontan los aumentos sin subsidios significativos.
Actualmente, las tarifas cubren en promedio el 50% de los costos reales, mientras que el resto sigue siendo absorbido por el Estado. Sin embargo, la cobertura varía entre servicios y segmentos sociales, reflejando la persistente brecha entre quienes pueden sostener el nuevo esquema tarifario y quienes dependen de la asistencia pública para acceder a los servicios básicos.
