La deuda multimillonaria con los prestadores y la suspensión de los servicios han precipitado una decisión drástica. Indignados, los afiliados señalan al gobernador como responsable de un desfalco inexplicable.
Decisión Gubernamental y Cambio en la Dirección
Por decreto, el gobernador Gustavo Sáenz resolvió intervenir la obra social provincial, el Instituto Provincial de Salud (IPS), relevando de la presidencia del directorio a Gladis del Socorro Sánchez, quien había sido designada mediante sendos decretos en 2019 y 2023. Esta decisión implica que la remoción de la inefable Gladis Sánchez se realiza a partir de la propia determinación del gobernador.
Acumulación de Deuda y Denuncias
Durante la gestión de Sánchez, el Círculo Médico de Salta denunció una deuda superior a 2.200 millones de pesos, suma que se incrementa si se contabiliza a mes vencido (enero de 2024). A ello se suman montos siderales por deudas con el resto de los profesionales de la salud y con las farmacias adheridas.
El desfinanciamiento del IPS abre las peores sospechas, ya que la obra social cuenta entre sus afiliados forzosos a todos los empleados públicos provinciales de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y municipios, a quienes se descuenta regularmente la cuota correspondiente de sus sueldos.
Decreto de Intervención y Medidas de Control
El interventor designado es Emilio Savoy, quien tuvo un breve paso como secretario de Hacienda municipal durante el gobierno de Bettina Romero. Según información de PoliticaSalta, el Gobierno admite “graves irregularidades” y una deuda de 25.000 millones en la obra social. ¿Será esta la medida para develar u ocultar el manejo de fondos?
El Decreto Provincial 108/25, firmado recientemente por el gobernador Sáenz, establece la intervención del IPS por un plazo de 180 días. Dicho decreto, que cuenta con la firma del gobernador y de todos los ministros, indica que la crisis en el IPS es de “público y notorio conocimiento” y se profundizó a raíz de la alta variabilidad de insumos y medicamentos registrada el año pasado, afectando a todas las obras sociales del país. Además, se señala que la deuda acumulada asciende a un monto superior a $25.000 millones, evidenciando un manejo ineficiente.
En el mismo decreto se dispone la adopción de una medida de excepción: la intervención tiene como fin que el interventor implemente, de manera inmediata, las acciones necesarias para la regularización del gasto y el fortalecimiento de los mecanismos de control y auditoría. El informe de auditoría es crucial para la ciudadanía, los prestadores y los afiliados; queda por verse si se publicarán los informes que expliquen las causas del tan acuciante estado financiero en un ámbito tan delicado como la salud.
Enfoque Legal y Situación Crítica
El decreto de intervención se enmarca en los términos de la Ley Provincial 5348, de 1978, en plena dictadura cívico-militar. En particular, se invoca el artículo 20, que establece que “el Poder Ejecutivo podrá intervenir las entidades descentralizadas en los siguientes casos: a) suspensión grave e injustificada o por fuerza mayor de la actividad a cargo del ente; b) comisión de graves o continuadas irregularidades administrativas; c) existencia de un conflicto institucional insoluble dentro del ente”.
Se desconoce si el nuevo titular del IPS fue comisionado para investigar y, eventualmente, denunciar las irregularidades que explican el caos financiero en la obra social. La experiencia de años electorales indica que las complicaciones financieras en el IPS se agravan en estos períodos.
Rumores y Posible Tercerización de Servicios
En un video difundido por el Gobierno, Emilio Savoy reconoció la gravedad de la situación, mientras se han trascendido rumores sobre una posible tercerización de servicios a cargo de una empresa sanitaria con presencia en la capital y en el interior de Salta. La salida de Gladis Sánchez del IPS representa otro capítulo sombrío de la actual gestión provincial y añade desgaste a la figura del gobernador Sáenz. La deuda hacia los prestadores, el reclamo de estos y el descontento de los afiliados no pudieron ser solapados por medios ni periodistas oficialistas.
Asimismo, se recordó la denuncia de la diputada provincial Sofía Sierra por su participación directa en la empresa Todo Construcción SRL, principal beneficiaria de las contrataciones directas en el marco de la Ley de Emergencia Hídrica. La acumulación de deuda en el IPS resulta injustificada, teniendo en cuenta que la obra social recauda de manera automática un promedio de 50 mil pesos por cada uno de los 250 mil afiliados forzosos. Sumado a la recaudación por afiliaciones particulares, los ingresos mensuales superan los 12.500 millones de pesos, considerando que a los empleados públicos se les descuenta también el aguinaldo, aportando 13 meses al año.
Aclaración sobre “Alta Complejidad”
“Lo que buscamos es un reordenamiento de cuentas en el IPS, teniendo en cuenta que la situación financiera del ejercicio anterior, sumado a las coyunturas propias del sector, ha provocado un desfasaje. Buscamos regularizar la prestación de servicios; en ningún caso existe la posibilidad de una privatización, simplemente se trabajará sobre las cuentas”, declaró el interventor Emilio Savoy en un video difundido por el Gobierno.
Con estas palabras, el titular del IPS intentó disipar dudas y contrarrestar los rumores que apuntan a un avanzado proyecto de tercerización, enmarcado en la supuesta optimización de un servicio deteriorado. Dichos rumores, filtrados incluso desde Grand Bourg, evidencian reuniones entre funcionarios de Salud Pública, directivos del IPS y representantes de una firma de servicios de medicina laboral, control de ausentismo, consultorios y emergencias, que ha tenido un importante desarrollo tanto en Salta Capital como en el interior.
Resta saber qué saldrá a la luz en las próximas horas respecto al carácter y alcance de la intervención. Algunos opinan que la simple renuncia de Sánchez y una inmediata designación habrían sido suficientes, pero es probable que se implemente un esquema extraordinario, similar al aplicado en las declaraciones de Emergencias.
Impacto en los Afiliados: Más Datos para la Nota
Por la deuda millonaria, los afiliados del IPS deben pagar el 50% de las prácticas bioquímicas. El sector aún no ha recortado el crédito por completo, pero los pacientes expresan su malestar al asistir a los consultorios.
El presidente de la Asociación de Bioquímicos de la Provincia, Julio Oullier, explicó que, debido a los atrasos en los pagos por parte del IPS, los afiliados deben cubrir el 50% de las prestaciones solicitadas. “Entendemos que el afiliado paga su cuota puntualmente, ya que no puede atrasarse por el riesgo de ser dado de baja automáticamente. Ante este problema, entregamos una factura para que reclamen ese 50% restante al IPS”, señaló. En el caso de los afiliados con coseguro, el costo adicional por un estudio bioquímico es del 20%.
Oullier agregó que, a pesar de la situación, los pacientes deben afrontar estos pagos debido a la urgencia de la salud. “A veces lo entienden, pero otras veces no. Muchos se enojan, pero la culpa es del IPS”, afirmó. Finalmente, expresó su esperanza de que, con la intervención del nuevo responsable, se pueda encontrar una solución: “Ya solicitamos una reunión, esperamos ser atendidos y ver qué solución tenemos”.
