La Unidad de Información Financiera detectó retiros irregulares por más de 45.000 millones de pesos
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha detectado un desfalco multimillonario que asciende a más de 45.000 millones de pesos, a través de retiros de dinero sin justificación mediante «cheques cobrados por ventanilla». Estos movimientos, realizados entre enero de 2023 y junio de 2024, involucran a los gobiernos de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).
El 40% de estas extracciones—aproximadamente 17.000 millones de pesos—se registraron en el municipio de Banda del Río Salí, en Tucumán, bajo la gestión de Gonzalo Monteros, hijo de Darío Monteros, actual ministro del Interior de la provincia.
Un escándalo que sacude a los gobernadores peronistas cercanos a Milei
Tras recibir alertas del Banco Macro y otras entidades financieras, la UIF identificó una serie de movimientos sospechosos en cuentas municipales y provinciales. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia, en la que señala que estos retiros ocurrieron en bancos de todo el país, aunque la mayor concentración se dio en Tucumán, Salta y Catamarca.
El informe de la UIF sostiene que “el análisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de sus respectivas municipalidades”.
Según la denuncia, la provincia de Tucumán encabeza el ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS), con el municipio de Banda del Río Salí como epicentro del fraude.
¿Dinero para la campaña electoral?
La principal hipótesis apunta a que estos fondos habrían sido utilizados para el financiamiento de la última campaña electoral. No es novedad que en Tucumán las cajas de las intendencias, bajo control tanto de peronistas como de radicales, sean utilizadas para sostener el aparato clientelar que se activa en cada elección.
«Queda claro a dónde está la plata que el gobierno de Jaldo le niega a la Salud y la Educación en nombre del ´equilibrio fiscal´. Esos 17.000 millones de pesos equivalen a 28.000 sueldos. Si la criptoestafa de Milei puso en evidencia un entramado de negocios que lo involucra directamente, el desfalco multimillonario de Jaldo, Jalil y Sáenz demuestra que todos ellos son la casta política que lo sostiene. Aunque ahora los radicales se rasguen las vestiduras, hacen exactamente lo mismo en sus municipios», sostuvo Alejandra Arreguez, referente del PTS en el Frente de Izquierda.
«Hay que ganar las calles, exigir a las centrales sindicales que rompan la tregua e imponer una huelga general para derrotar este plan de ajuste de Milei y los gobernadores», agregó la dirigente.
Fuente: laizquierdadiario
