El legislador nacional acusó a la fiscal Sofía Cornejo y al Procurador General Pedro García Castiela de encabezar una persecución en su contra tras haber denunciado la presunta conexión del gobierno provincial con el crimen organizado.
En una intervención en la Cámara de Diputados, el legislador nacional Emiliano Estrada realizó explosivas declaraciones en contra del Poder Judicial de Salta, asegurando que enfrenta una imputación por parte de la fiscal especializada en ciberdelitos, Sofía Cornejo, como represalia por haber denunciado presuntos vínculos entre funcionarios del gobierno de Gustavo Sáenz y el narcotráfico.
Estrada leyó el decreto de imputación en su contra, en el cual se lo acusa de utilizar las redes sociales para «infundir temor general en la población» y «posible desestabilización de las instituciones democráticas». Sin embargo, el diputado argumentó que la verdadera razón detrás de la denuncia es su exposición pública de presuntas conexiones entre el gobierno provincial y organizaciones criminales.
«El Secretario de Seguridad de Gustavo Sáenz está vinculado con el narcotráfico, tiene requerimiento de juicio. Hay filmaciones y chats que lo comprometen. Ese operador apareció asesinado con cinco balazos en la cabeza», afirmó Estrada en su intervención, asegurando que estos hechos son la verdadera causa de la persecución en su contra.
Además, criticó duramente a la fiscal Cornejo, a quien acusó de actuar con parcialidad en defensa del gobierno provincial y de haber brindado una conferencia de prensa sobre su imputación, algo que calificó como un acto de «fiscal militante». También apuntó contra el Procurador General Pedro García Castiela, recordando su pasado como encargado de la oficina anticorrupción durante la gestión de Sáenz como intendente de Salta.
«Si quieren saber quiénes son las bandas delictivas, miren esta foto», dijo mostrando una imagen en la que aparecen el gobernador, la fiscal Cornejo y el procurador García Castiela.
Por último, Estrada denunció que la provincia de Salta es la principal puerta de entrada de la cocaína al país y que los esfuerzos del gobierno por controlar la situación son una farsa. «No se coman el verso, con 200 metros de muro y con 200 metros de alambre de púa no van a hacer nada si el Secretario de Seguridad ya está prendido con los narcos», sentenció.
La cuestión de privilegio presentada por Estrada fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior análisis.
