Una ofensiva con 2.500 agentes, helicópteros y blindados dejó al menos 64 muertos —entre ellos cuatro policías— y más de 80 detenidos en los complejos de Alemão y Penha, epicentro del narcotráfico en el norte carioca.
Río de Janeiro amaneció este martes envuelta en una escena de guerra. Desde las primeras horas del día, helicópteros, drones y vehículos blindados de la policía irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, dos de las favelas más extensas y densamente pobladas del norte carioca, en un operativo sin precedentes contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El saldo fue estremecedor: al menos 64 muertos —entre ellos cuatro agentes—, más de 80 detenidos y una ciudad paralizada por el fuego cruzado.
La acción comenzó antes del amanecer, con bloqueos en las principales autopistas y el cierre de avenidas estratégicas. Las fuerzas de seguridad, compuestas por 2.500 agentes, utilizaron drones para detectar movimientos y guiar el avance por las callejuelas de las favelas, donde los enfrentamientos se extendieron durante horas. Decenas de vecinos quedaron atrapados en sus casas mientras helicópteros disparaban desde el aire y los blindados derribaban barricadas levantadas por los delincuentes.
El objetivo principal del operativo era capturar a “Doca”, jefe regional del Comando Vermelho en Penha, y desmantelar una red de narcotráfico, contrabando de armas y lavado de dinero. Las autoridades informaron la incautación de 42 fusiles de alto calibre y la participación de una treintena de blindados, dos helicópteros de ataque y diez vehículos de demolición para despejar rutas bloqueadas.
Fundado en 1979 en una prisión de Río de Janeiro, el Comando Vermelho se ha consolidado como una estructura criminal de alcance nacional. Su poder no solo se sostiene en el tráfico de drogas, sino también en el control territorial de comunidades donde el Estado ha sido históricamente ausente. Con una red descentralizada que articula a capos desde las cárceles y soldados en las favelas, la organización mantiene una presencia permanente en el tejido social de los barrios más vulnerables.
Tras el operativo, el gobernador Cláudio Castro lo calificó como “la mayor ofensiva contra el narcotráfico en la historia de Río de Janeiro”. Sin embargo, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios alertaron sobre el alto costo en vidas civiles y denunciaron la violencia indiscriminada en los operativos policiales. Mientras tanto, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó a una reunión de emergencia para evaluar la situación de seguridad en el estado y las consecuencias políticas y sociales de una jornada que volvió a poner a Río bajo fuego.
