Todos saben que los delitos cometidos por menores de 16 años no superan el 2% del total. Y los cometidos por menores de 14 ni siquiera alcanzan el 1%. Ese es el dato: frío, contundente, incómodo.
Entonces, estamos ante una discusión funcional al miedo. Una política que prefiere castigar antes que asumir su propia impotencia para enfrentar el verdadero problema de la inseguridad.
Bajar la edad de imputabilidad es la confesión explícita de que el Estado fracasó en todo: en educación, en inclusión, en prevención y en oportunidades.
La tasa de desempleo juvenil supera el 20% y triplica la tasa general. Ese sí es un dato estructural. Ese sí es un problema masivo. Y, curiosamente, sobre eso no hay cadenas nacionales indignadas ni proyectos exprés en el Congreso.
Peor aún: ni siquiera existen estadísticas específicas para la franja de 14 a 16 años en materia laboral. Es decir, el Estado ni siquiera mide aquello que dice querer corregir con el endurecimiento penal.
