El diputado Germán Rallé, eterno legislador del departamento General Güemes y hombre orgánico del saencismo —antes lo fue del urtubeísmo—, dejó al desnudo lo que hasta ahora el oficialismo intentaba disimular. En diálogo con FM Infinito fue categórico: “Si el gobernador desea ir a un mandato más, nosotros, siempre dentro del marco constitucional, vamos a acompañarlo”.
No fue una frase al pasar. Fue una definición política que confirma que el oficialismo ya trabaja para estirar, o directamente forzar, los límites de la Constitución.
Para Rallé, la definición no pasará ni por la Legislatura ni por la voluntad popular. El destino político de Gustavo Sáenz, según su propia admisión, se jugará en los tribunales. “Lo va a definir la Corte, que son los que atienden estas cuestiones extraordinarias. Si la Corte habilita, si la Justicia habilita, nosotros estamos convencidos de la conducción de Gustavo”, sostuvo sin titubeos.
Dicho de otro modo: si la Corte dice que sí, el saencismo avanza.
El diputado incluso anticipó el recorrido judicial completo, admitiendo que habrá presentaciones, recursos y litigios. “Siempre hay un derecho a queja, un derecho a consulta a la Corte Suprema de la Nación y otras cuestiones”, explicó, para luego dejar al descubierto la interpretación oficialista: “Yo creo que el gobernador puede ir a un tercer mandato, porque consideramos que a partir de la reforma se toma como primer mandato”.
Es el mismo argumento que se apeló en su momento con Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey.
Ahí aparece la clave del operativo político-jurídico: el uso de la llamada “cláusula transitoria” incluida en la reforma constitucional impulsada por el propio Sáenz. Una verdadera trampa legal que busca borrar de un plumazo lo anterior y presentar el actual período como si fuera el primero. “A partir de la reforma, este sería el primer mandato”, repite Rallé, como si insistir pudiera convertir lo cuestionable en legítimo.
Pero el problema no es solo jurídico. Es político, institucional y ético. Gustavo Sáenz había dado su palabra pública de que gobernaría solo dos mandatos. Hoy no solo prepara el terreno para un tercero, sino que además lo hace utilizando los resortes del Estado en beneficio personal.
En ese esquema encajan las designaciones de Martín Diez Villa y Martín Plaza, dos hombres de su extrema confianza, como jueces de la Corte de Justicia. No son movimientos aislados: forman parte de una arquitectura de poder pensada para garantizar decisiones futuras.
Sin quererlo, la confesión de Rallé termina de cerrar el círculo: el gobernador necesita una Corte adicta para que, llegado el momento, le habilite la re-reelección. La paradoja es evidente: es la misma situación que se vivió con el tercer mandato de Juan Manuel Urtubey, aquel modelo que el saencismo decía venir a superar.
El diputado ultraoficialista terminó diciendo en voz alta lo que muchos sospechaban: el futuro político de Gustavo Sáenz no se jugará en las urnas, sino en los tribunales. La avanzada para colocar jueces amigos en la Corte no es casual ni inocente. Es la garantía previa de un fallo favorable cuando llegue la hora de forzar un tercer mandato.
La democracia, mientras tanto, queda reducida a un trámite.
Y la Constitución, a un obstáculo que se esquiva cuando estorba.
