Los medios afirman que los hechos denunciados constituyen “un delito penal” y que la causa ya se encuentra radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Según se sostuvo, entre los acusados ante la Justicia figuran el ministro de Economía, Luis Caputo; su primo, Nicolás Caputo; además de otros funcionarios y un grupo de empresarios.

En la Argentina operan cuatro mercados de capitales donde se negocian distintos instrumentos financieros.

Uno de ellos es BYMA, creado en 2016, durante la gestión de Caputo como ministro, donde se comercializa una amplia gama de instrumentos financieros.

De acuerdo con las denuncias, un dato clave se produjo el 31 de diciembre, cuando Caputo eliminó una restricción del 50 % que impedía a la Caja de Valores distribuir dividendos. Esa decisión habilitó el reparto de aproximadamente 120 mil millones de pesos.

La acusación sostiene que quienes adquirieron acciones contaban con información privilegiada sobre la inminente liberación de esos dividendos, lo que habría disparado el valor de los papeles. En esa línea, se desliza la sospecha de que el ministro pudo haber anticipado la medida a su círculo cercano, entre ellos su primo y empresarios allegados.

Según esta versión, el Estado habría sido quien terminó desprendiéndose de activos en condiciones desfavorables, afectando recursos vinculados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados. Por ello, se reclamó que la Justicia avance en una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y esclarecer si existió un manejo indebido de información y un perjuicio al patrimonio público.

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