El 6 de julio de 1976, en Salta, ocurrió uno de los crímenes más brutales del terrorismo de Estado: la Masacre de Palomitas. Once presos políticos fueron sacados del penal de Villa Las Rosas bajo el pretexto de un traslado. Nunca llegaron. Fueron fusilados en la ruta y luego presentados como víctimas de un falso enfrentamiento.
Pero esta historia no empezó ese día. Se había puesto en marcha un año antes, con el Operativo Independencia. Allí se instaló una lógica peligrosa: el enemigo ya no era una persona concreta, sino una idea. Y a las ideas se las perseguía hasta eliminarlas.
Con el golpe de Estado de 1976, esa lógica se volvió sistema bajo el mando de Jorge Rafael Videla. La represión dejó de ser encubierta para convertirse en política oficial. En ese esquema, Salta también fue escenario.
Palomitas fue un mensaje. Los detenidos no estaban armados ni en fuga. Estaban bajo custodia del Estado. Murieron otras diez personas: hombres y mujeres, militantes, trabajadores, nombres que hoy apenas circulan fuera de los archivos judiciales y de los organismos de derechos humanos.
Palomitas no fue un exceso ni un error. Fue una decisión: sacar presos de una cárcel legal, fusilarlos y mentir. Eso no es combate, es asesinato.
Recordarlo no es solo mirar el pasado. Es entender hasta dónde puede llegar un Estado cuando deja de respetar la ley y se arroga el derecho de decidir quién vive y quién muere. Porque, cuando eso ocurre, la democracia ya empezó a perderse.
