Mientras el discurso oficial insiste en la épica del ajuste, en la motosierra y en el sacrificio inevitable, por debajo —como en toda estructura de poder que se dice austera pero actúa en sentido contrario— se despliega un mecanismo de privilegios que huele más a reparto que a gestión. Lo que emerge alrededor del Banco de la Nación Argentina no es una política de crédito: es un sistema de beneficios para la casta propia.
No se trata de errores aislados ni de casos marginales.
Es un patrón. Créditos hipotecarios de hasta 350 mil dólares, otorgados a funcionarios, legisladores y figuras cercanas al oficialismo, revelan un uso discrecional de recursos públicos en favor de un círculo de obsecuencia política. Mientras millones quedan afuera del acceso a la vivienda, unos pocos —los correctos, los alineados— reciben condiciones que el ciudadano común ni siquiera puede soñar.
La Central de Deudores (BCRA) fue clave en este entramado. Allí no hay relato posible: los números hablan. De los principales créditos otorgados a integrantes del Estado, una abrumadora mayoría recae en figuras vinculadas a La Libertad Avanza. El 70% de los préstamos más grandes queda en manos del oficialismo. No es coincidencia.
LOS VENTAJISTAS
Encabeza este ranking Pedro Juan Inchauspe, con un crédito que supera los 500 millones de pesos. Le siguen nombres que orbitan el núcleo duro del poder: Felipe Núñez, Federico Furiase, Juan Pablo Carreira y Emiliano José Mongilardi. También aparecen legisladores oficialistas como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde. La lista no solo exhibe nombres: expone una lógica de poder.
La denuncia presentada por Mónica Frade no hace más que formalizar lo evidente: podría haber irregularidades graves en la asignación de estos créditos. Pero, más allá de lo judicial, el problema es político y moral. Porque, mientras se predica el fin de los privilegios, se construye una nueva élite que se beneficia del Estado que dice combatir.
Para acceder a un crédito hipotecario UVA, cualquier trabajador debe demostrar ingresos altos, estabilidad laboral y, muchas veces, contar con ahorros en dólares. Aun así, el préstamo no cubre la totalidad del inmueble. En un país con millones de inquilinos y un déficit habitacional estructural, el crédito debería ser una herramienta de inclusión, no un botín de reparto.
Pero el relato del “no hay guita” se cae cuando aparecen estos casos. No hay plata para jubilados, para salarios ni para políticas públicas. Pero sí hay para financiar viviendas de lujo a funcionarios. No hay ajuste a la casta: hay redistribución de privilegios.
EL ESCÁNDALO DE ADORNI QUEDÓ EN UN POROTO
Los escándalos que rodean a los hermanos Milei, desde el caso de la criptomoneda hasta manejos discrecionales en áreas sensibles del Estado, configuran un mismo patrón: concentración de poder y beneficios para los propios. La promesa de terminar con la casta no solo quedó incumplida; fue reemplazada por una nueva versión, más cerrada y más impune.
Hoy, el Banco Nación no parece una herramienta de desarrollo. Se asemeja más a una escribanía financiera de los privilegiados. Y cuando el crédito público se transforma en un mecanismo de favoritismo político, lo que se pierde no es solo dinero: se erosiona la poca confianza que queda y se degrada la democracia.
El saqueo no siempre es estridente. A veces es prolijo, administrativo, silencioso. Pero no por eso deja de ser saqueo.
