El programa económico de Javier Milei no logra estabilizar la vida cotidiana, y aparece una tentación recurrente en la política: construir enemigos, exagerar amenazas y desplazar el foco del debate. En la Argentina actual, esa lógica parece haberse vuelto un método. Frente a indicadores que reflejan malestar social, pérdida de poder adquisitivo y creciente incertidumbre, el Gobierno opta por instalar escenarios de conspiración antes que explicar resultados.
La denuncia de una supuesta “guerra tuitera” impulsada desde el exterior, amplificada con retórica de “traición a la patria”, se presenta como un intento de reorganizar la agenda pública. Pero incluso dentro de esa narrativa aparece un dato que desarma el dramatismo: los 280.000 dólares mencionados como eje de la supuesta operación. Una cifra demasiado irrisoria —y hasta vergonzante— para una operación atribuida a Rusia.
Mientras se construye un escándalo en torno a ese monto, se multiplican las denuncias por créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo por cifras que alcanzan cientos de miles de dólares. Casos de personas sin trayectoria financiera accediendo a préstamos millonarios con mecanismos poco claros. En esa escala, los 280.000 dólares dejan de ser una amenaza geopolítica y pasan a ser una excusa más discursiva que real.
Los supuestos agentes rusos identificados públicamente, Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Iakovenko, no solo no fueron detenidos, sino que abandonaron el país sin impedimentos y, meses después, regresaron sin mayores controles ni consecuencias judiciales.
La pregunta es inevitable: ¿se trataba de una amenaza real o de una puesta en escena?
Parte del dispositivo mediático que amplificó la versión oficial omitió datos relevantes. Medios como Infobae y El Cronista —este último vinculado al histórico operador político José Luis Manzano— quedaron en el centro del debate. Lejos de una prensa independiente, el episodio vuelve a mostrar un entramado donde intereses económicos y políticos se cruzan sin demasiada transparencia.
Los gobiernos que enfrentan dificultades económicas suelen recurrir a mecanismos de distracción. La diferencia, en este caso, es la intensidad del relato, con una narrativa de confrontación permanente. Mientras tanto, la economía sigue marcando el pulso de la sociedad: inflación persistente, caída del consumo y deterioro del ingreso real. Nada de eso desaparece por decreto ni por discursos altisonantes.
Cuando la economía no funciona, gobernar a base de distracciones puede dar un alivio momentáneo, pero profundiza el problema de fondo: la pérdida de confianza.
En paralelo, algunos medios jugaron su parte en esta coreografía. Editaron, omitieron y acomodaron piezas. Nada nuevo. Pero el dato incómodo sigue ahí, intacto: salarios que pierden contra la inflación, consumo en baja y una pobreza que se expande como mancha de aceite. Esa es la verdadera “guerra” de todos los días, sin metáforas ni tuits grandilocuentes.
La política puede intentar distraer, exagerar o incluso inventar enemigos. Pero hay algo que no puede maquillar: la realidad. Y cuando esa realidad aprieta, no hay relato que la tape. Porque, al final, el problema no son los 280.000 dólares. El problema es la economía: la inflación, la falta de trabajo y la incertidumbre que sigue creciendo.
