A 533 años de la pérdida de autonomía ante Occidente, en el continente se despliegan estrategias neocoloniales que atacan a los Pueblos Originarios como sujetos políticos y sociales con identidad propia, diferenciada de otros actores de las democracias contemporáneas.
Aunque la relación entre capitalismo y democracia siempre fue conflictiva, los Pueblos Originarios han complejizado esa ecuación, ya que poseen formas organizativas, tiempos, presencia territorial y alianzas sociales distintas a la lógica de la república parlamentaria. En Argentina, han desarrollado un recorrido propio desde su consolidación, que coincidió temporalmente con la recuperación de la institucionalidad en los años ’80.
La crisis climática global, producto de la industrialización, resignificó la agenda medioambiental y dirigió la mirada hacia las poblaciones nativas, que sostienen formas de vida en equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, las dirigencias y élites gobernantes han desarrollado discursos y algunas prácticas políticas que nunca rompieron con la hegemonía eurocentrista. En el mejor de los casos, se reconoció a las poblaciones originarias como «objetos de políticas públicas», pero no como ciudadanos de pleno derecho, y mucho menos como pueblos, en línea con los planteos del indio Partha Chatterjee.
En la Argentina, que se presume blanca y «venida de los barcos», irrumpió una respuesta continental en torno a los 500 años de la conquista europea y la perspectiva del pensamiento decolonial. Las trayectorias de los movimientos indígenas y las democracias en Ecuador, Bolivia y Brasil han mostrado los límites de los ensayos de Estados plurinacionales en países con alto porcentaje de población originaria en espacios rurales. Mientras tanto, la respuesta de distintos y sucesivos gobiernos de Chile frente al conflicto en la Araucanía ha demostrado que la estrategia de militarización es perfectamente compatible con democracias de baja calidad.
En este contexto, el plan o proyecto de La Libertad Avanza para los Pueblos Originarios debe entenderse dentro de la ofensiva neoliberal iniciada en Argentina por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, en diálogo con Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990) y Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989). La presencia del presidente Javier Milei en la asunción del segundo mandato de Donald Trump refuerza esta conexión histórica.
Motosierra y comando unificado
A continuación, se enumeran algunas medidas que requieren un análisis más profundo:
- Derogación de la ley nacional 26.737, que restringía la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, mediante el DNU del 21 de diciembre de 2023, actualmente judicializado.
- Finalización de la emergencia de los territorios indígenas dispuesta en 2006, mediante un DNU del 10 de diciembre de 2023.
- Disolución del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), que garantizaba el derecho a la personería jurídica, en septiembre de 2023.
- Creación del Consejo Federal de Políticas Indígenas en septiembre de 2023, un espacio de diálogo con gobiernos provinciales sin participación de representantes indígenas.
- Disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en agosto de 2023.
- Vaciamiento y paralización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
- Incremento del rol de las ONG en la gestión de los Parques Nacionales.
- Desfinanciación y desmantelamiento de las brigadas contra incendios forestales y del Plan Nacional del Manejo del Fuego.
- Creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva para blindar áreas clave como Vaca Muerta, el triángulo del litio y los puertos.
- Implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que prioriza el acceso a recursos naturales por parte de grandes capitales.
Federalismo sui géneris
Diferentes constituciones provinciales han reconocido los derechos de los pueblos indígenas: Río Negro en 1988 (art. 42), Chubut en 1994 (art. 34) y Neuquén en 2006 (art. 53). Sin embargo, las cortes supremas provinciales han consolidado jurisprudencia que facilita el despojo territorial por parte de capitales privados y del propio Estado. Ejemplos paradigmáticos incluyen Villa La Angostura, Villa Pehuenia y El Huecú, donde el ejido urbano se estableció en tierras de comunidades mapuches para no afectar a antiguos estancieros.
Los incendios del manual de baja intensidad
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantiene una agenda activa respecto al pueblo mapuche. En Chubut, el 9 de enero de 2024 se formalizó el desalojo de la Lof Paillako, un proceso que, según diversas fuentes, fue preparado con antelación.
En Bariloche, en agosto de 2023, se realizó una capacitación sobre prevención de incendios con la participación de la Administración de Parques Nacionales y la embajada de EE.UU. Coincidentemente, el 25 de diciembre se inició un incendio que ha consumido cerca de 6.000 hectáreas de bosque nativo.
Por otro lado, en Esquel, el estudio jurídico que representa al grupo Benetton reactivó su pedido de desalojo de la Lof Santa Rosa Leleque.
Algunas fechas clave:
- 2 de diciembre de 2023: Bullrich y Torres lanzan el Comando Unificado en Comodoro Rivadavia.
- 9 de enero de 2024: Bullrich llega a Esquel en helicóptero y encabeza un desfile en territorio desalojado.
- 15 de enero: Se inicia un incendio en Epuyén, afectando a más de 70 familias.
- 18 de enero: Incendio intencional en la estancia Amancay, cerca de Trevelin.
- 19 de enero: Detención de Facundo Jones Huala en El Bolsón.
- 22 de enero: El Comando Unificado Esquel inicia una operación contra supuestos autores de incendios y «falsos mapuches».
Qué hay de nuevo
Desde el inicio del gobierno de Milei, se ha intensificado la desarticulación de derechos y estructuras que garantizaban la protección de los Pueblos Originarios, mientras que nuevas formas de neofascismo emergen en el discurso y la acción gubernamental. Según Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Rionegrino: «La vida está en riesgo. El despojo continúa».
