Estados Unidos se arroga el derecho de sancionar a ciudadanos latinoamericanos en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”, mientras su propio sistema financiero sostiene, protege y se beneficia del negocio que dice combatir.
A propósito de los recientes hechos vinculados a Venezuela y las acciones impulsadas desde Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos vuelve a exhibir una práctica recurrente: atribuirse la potestad de sancionar a ciudadanos de cualquier país de América Latina en nombre de la denominada “lucha contra el narcotráfico”.
Lo hace sin juicios, sin condenas firmes y sin pruebas públicas, amparado en leyes internas que aplica de manera extraterritorial. No se trata de derecho internacional: es, lisa y llanamente, el ejercicio del poder desnudo.
La paradoja resulta obscena. Estados Unidos es el mayor mercado consumidor de drogas del planeta y su sistema financiero ha sido, durante décadas, uno de los principales canales para la circulación y el lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Numerosas entidades bancarias estadounidenses fueron multadas por facilitar esas operaciones, aunque ningún banquero terminó tras las rejas. La impunidad se vuelve estructural cuando el negocio ocurre en el centro mismo del poder global.
Mientras tanto, la culpa se exporta. Bajo el pretexto de una moral antidroga, Washington utiliza el dólar y el sistema financiero internacional como herramientas geopolíticas. Quien controla la banca y la moneda impone su ley al resto del mundo, disciplinando gobiernos, economías y decisiones políticas soberanas.
La llamada “guerra contra el narcotráfico” dista de ser una cruzada ética. Funciona, en realidad, como un mecanismo de control y presión internacional. No busca erradicar un negocio del cual el propio sistema estadounidense obtiene beneficios, sino ordenar el mapa político regional según sus intereses estratégicos.
La historia ofrece ejemplos elocuentes de estas contradicciones. Figuras como Pablo Escobar y Carlos Lehder, del Cártel de Medellín; Rafael Caro Quintero, del Cártel de Guadalajara; o incluso Al Capone, emblema del crimen organizado estadounidense encarcelado por evasión fiscal, revelan vínculos complejos entre el narcotráfico y estructuras de poder económico y político dentro de los propios Estados Unidos.
La hipocresía imperial no es un error del sistema: es su lógica de funcionamiento. Una lógica legitimada por el poder del dinero, la banca y la fuerza, que se presenta como moral mientras reproduce el mismo negocio que dice combatir.
