El dato político más inquietante del presente no es económico: es institucional. El gobierno de Javier Milei analiza adelantar las elecciones presidenciales a mayo del próximo año. No se trata de una discusión técnica ni de una “chicana política”: es la señal más clara del desgaste acelerado que atraviesa la gestión.
Cuando un oficialismo evalúa cambiar las reglas del calendario electoral en pleno mandato, lo que está en juego no es solo una estrategia, sino la propia viabilidad política.
La discusión interna expone una grieta dentro del poder: los optimistas sostienen que hay que llegar a octubre, apostando a que el ajuste “pegue la vuelta” y reactive el consumo y el empleo; mientras que quienes impulsan el adelantamiento leen otro escenario: más desgaste, más desconfianza y un mercado que podría volver a castigar, incluso condicionando una eventual reelección.
El trasfondo es contundente: vencimientos de deuda por USD 28.000 millones y la urgencia de recuperar credibilidad financiera antes de que el deterioro económico y social termine de consolidarse.
La jugada tiene un claro componente político: anticipar los comicios y eliminar las PASO para que el peronismo pueda ordenarse y construir una candidatura competitiva.
Y ahí entra el segundo eje de este escenario. El senador Oscar Parrilli fue directo: plantea que Cristina Fernández de Kirchner debe ser candidata frente a un intento de reordenamiento ante la posible jugada del oficialismo.
Sergio Uñac ya advirtió la necesidad de que el peronismo anticipe definiciones y resuelva su candidatura en internas antes de fin de año. El mensaje es claro: si el gobierno acelera, la oposición no puede llegar tarde.
El punto de fondo es otro: si el oficialismo necesita cambiar la fecha electoral para sostenerse, es porque el tiempo dejó de ser un aliado. Y cuando un gobierno corre el calendario, en realidad está corriendo de su propia debilidad.
