Nación estableció nuevos títulos públicos para cancelar obligaciones pendientes por obras nacionales. El régimen mantiene un límite de $221 mil millones y fija el 30 de noviembre como fecha máxima para firmar los acuerdos.
El Gobierno nacional introdujo modificaciones en el mecanismo utilizado para cancelar deudas con empresas contratistas de obra pública. La medida establece una nueva combinación de títulos públicos para afrontar obligaciones derivadas de la ejecución o finalización de contratos con el Estado.
La decisión fue oficializada este lunes 16 de noviembre mediante la Resolución 5/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, publicada en el Boletín Oficial.
La normativa modifica los instrumentos financieros previstos para el pago de las acreencias, aunque mantiene el monto máximo autorizado dentro del régimen simplificado.
Según lo establecido, las obligaciones se cancelarán mediante una combinación de tres títulos públicos con diferentes fechas de vencimiento durante 2027.
El esquema contempla un 33% en un bono con vencimiento el 15 de enero, otro 33% en una letra que vencerá el 26 de febrero y el 34% restante en un bono con vencimiento el 30 de abril.
De esta manera, las empresas que adhieran al mecanismo recibirán títulos del Estado en lugar de un pago directo en efectivo, de acuerdo con las condiciones previstas por el régimen.
Un límite de más de $221 mil millones
La resolución mantiene el cupo máximo destinado a estas cancelaciones en $221.119.509.519.
Además, establece que los pagos efectuados anteriormente mediante los títulos reemplazados deberán descontarse de ese monto, por lo que la modificación no implica una ampliación del límite autorizado.
El sistema está destinado a atender acreencias reconocidas en el marco de contratos de obra pública nacional, tanto por trabajos ejecutados como por obligaciones derivadas de su extinción.
Los contratistas tendrán plazo hasta el 30 de noviembre
Otro de los puntos centrales de la normativa es la fijación de una fecha límite para completar los acuerdos de adhesión.
Los contratistas tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026, inclusive, para firmar los convenios correspondientes.
Una vez vencido ese plazo, las solicitudes que no cuenten con un acuerdo firmado quedarán sin efecto dentro del régimen simplificado.
En el caso de las empresas que ya hayan suscripto convenios, pero todavía tengan pagos pendientes, deberán presentar una nota manifestando su conformidad con la nueva combinación de títulos públicos.
Por su parte, quienes firmen los acuerdos a partir de la entrada en vigencia de la resolución aceptarán las nuevas condiciones directamente mediante la suscripción del convenio.
Con esta modificación, el Gobierno busca continuar con el proceso de cancelación de obligaciones pendientes por contratos de obra pública nacional, bajo un esquema de pagos mediante instrumentos financieros y con un plazo definido para la adhesión de las empresas.





