El secretario general de Agremiación Judicial Salta, Matías Aramayo, reclamó una recomposición salarial para los trabajadores del sector y aseguró que los sueldos se encuentran por debajo de los que se pagan en otras provincias del norte. El gremio inició una etapa de negociación y espera recibir una propuesta concreta durante la próxima semana.
El secretario general de Agremiación Judicial Salta, Matías Aramayo, alertó sobre la situación salarial que atraviesan los trabajadores judiciales de la provincia y aseguró que se encuentran entre los peor remunerados del país.
Durante el programa Convicciones Políticas, Aramayo explicó que el gremio comenzó una ronda de recorridas por los diferentes distritos judiciales para informar a los trabajadores sobre las negociaciones salariales y conocer las dificultades que enfrentan tanto en la capital como en el interior.
“Nos caracteriza estar cerca del compañero. No es una frase armada, sino que la respaldamos estando todos los días en Ciudad Judicial y en cada uno de los distritos”, afirmó el dirigente sindical.
Según indicó, el sector reúne a cerca de 3.000 trabajadores distribuidos en toda la provincia, quienes cumplen funciones administrativas, profesionales, técnicas y de servicios generales. En ese sentido, remarcó que el funcionamiento de la Justicia depende de una amplia estructura de agentes, desde quienes realizan tareas de limpieza y mantenimiento hasta profesionales, notificadores, audiencistas, técnicos y empleados administrativos.
Reclamo por la recomposición salarial
Aramayo explicó que, aunque el personal judicial depende directamente de la Corte de Justicia y del Ministerio Público, la falta de autarquía económica también condiciona las negociaciones con el Poder Ejecutivo provincial.
Por este motivo, el gremio reclama la apertura de mesas de trabajo específicas para discutir la realidad del sector, al considerar que las funciones y condiciones laborales de los judiciales son diferentes de las que tienen los trabajadores de otras áreas estatales.
“Estamos pidiendo que se tenga en cuenta y se recupere el salario del compañero judicial”, sostuvo.
El dirigente señaló que los trabajadores reciben las mismas actualizaciones salariales que otros empleados públicos, pero advirtió que los incrementos resultan insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo.
De acuerdo con los datos mencionados por Aramayo y atribuidos a un centro de estudios de la Federación Judicial Argentina, los empleados judiciales de Salta se encuentran entre los peor pagos del país.
“Un compañero que hace la misma tarea en Tucumán, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero o Chaco cobra más que nosotros”, aseguró.
Contratados con hasta 13 años de antigüedad
Otro de los problemas señalados por el secretario general es la precariedad laboral de quienes permanecen contratados durante largos períodos sin acceder a la planta permanente ni avanzar dentro de la carrera judicial.
Aramayo sostuvo que existen trabajadores con hasta 13 años de antigüedad bajo la modalidad de contrato, lo que les impide acceder a ascensos y desarrollar una carrera dentro de la institución.
También indicó que algunos profesionales ingresan a la Justicia como empleados administrativos pese a contar con títulos universitarios.
“Tenemos compañeros que son abogados, pero se les paga como administrativos. Invirtieron tiempo y dinero para convertirse en un mejor recurso humano y eso no está siendo reconocido”, cuestionó.
La brecha salarial dentro de la Justicia
Durante la entrevista, el dirigente también cuestionó la diferencia existente entre los salarios de los trabajadores y las remuneraciones de las máximas autoridades judiciales.
Aramayo consideró necesario evitar que continúe ampliándose la brecha entre los agentes y los integrantes de los tribunales superiores, al remarcar que el servicio de Justicia depende del trabajo conjunto de todos los sectores.
“La administración de Justicia la hace desde el compañero de Servicios Generales hasta el magistrado. Tenemos que buscar que esa brecha no se siga abriendo”, expresó.
Además, señaló que la pérdida del poder adquisitivo afecta directamente la calidad del servicio, debido a que muchos trabajadores deben preocuparse por cómo llegar a fin de mes.
“Para brindar un mejor servicio tenemos que estar capacitados y, sobre todo, bien remunerados”, remarcó.
Sueldos que no alcanzan la canasta básica
Como ejemplo de la situación salarial, Aramayo detalló que, en marzo, un trabajador contratado percibía alrededor de 750.000 pesos de bolsillo, mientras que un ingresante del área de Servicios Generales cobraba aproximadamente 805.000 pesos y uno del sector administrativo llegaba a los 870.000 pesos.
“Esta es la realidad. Ni siquiera se llega al mínimo de la canasta”, advirtió.
También aseguró que los trabajadores judiciales salteños cobran menos que sus pares de las provincias vecinas y afirmó que, en algunos casos, como el de Chaco, las remuneraciones llegan a duplicar las de Salta.
El dirigente rechazó, además, la idea de que los judiciales se encuentran entre los trabajadores estatales mejor pagos.
“Hay un mito urbano de que el compañero judicial es de los mejores pagos y que no tendría que estar movilizándose. Nosotros venimos con datos concretos para demostrar que eso no es así”, manifestó.
El gremio espera una propuesta concreta
Aramayo confirmó que Agremiación Judicial Salta ingresó en una etapa de negociación y que, por el momento, se encuentran a la espera de una propuesta salarial.
No obstante, aclaró que el diálogo no puede extenderse indefinidamente y advirtió que, en caso de no recibir respuestas, el gremio podría retomar las medidas de acción directa aprobadas en asamblea.
“Necesitamos respuestas concretas. Ante un conflicto, la única manera de salir es con una propuesta que podamos llevarles a los compañeros para que decidan si sirve o si tenemos que continuar luchando”, expresó.
Según informó, el compromiso asumido durante las conversaciones es que la propuesta sea presentada la próxima semana. Hasta entonces, la conducción continuará recorriendo las oficinas, juzgados y dependencias judiciales de la provincia para mantener informados a los trabajadores.
“Hasta que no tengamos una propuesta concreta no podemos hablar de números, porque sería generar expectativas sin tener certezas”, concluyó.
